ómo explicar que los ilimitados recursos de los lobbies sanitario y farmacéutico hayan conseguido volcar a vastos sectores de la opinión pública contra la reforma de salud propuesta por Obama y no hayan logrado evitar su aprobación y promulgación? ¿Qué explica que los grupos de presión de las instituciones bancarias y financieras, igual o aun más agresivos, estén consiguiendo –a juzgar por el voto de rechazo del Senado– demorar una reforma con tan amplio apoyo popular para revolucionar la regulación de esas instituciones? ¿A qué obedece que la gobernadora de Arizona promulgue una ley contraria a principios constitucionales, prácticas de respeto a las libertades básicas e intereses comerciales y económicos identificables sin dificultad? Parece que el elemento central que unifica a los responsables es la convicción de que su conducta los ayudará a ser electos o relectos o a conseguir que prevalezcan sus posiciones e intereses en los comicios federales de medio término o en los estatales de Arizona.

Las elecciones legislativas venideras están siendo convertidas en una suerte de referendo sobre Obama. No sólo sobre sus políticas y propuestas, sino sobre su mandato mismo, sobre su condición de primer presidente afrodescendiente. Quien halle exagerada esta apreciación debería sopesar tono y contenido de gran número de pronunciamientos provenientes de grupos lunáticos, que infectan a ciertas corrientes de opinión convencionales del sector conservador. Ésta es una razón incidental, pero importante que aumenta la trascendencia de que Obama consiga la reforma de la regulación bancaria y financiera que ha propuesto, sumida por el momento en las arenas movedizas del filibusterismo republicano. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra: de que se apruebe un conjunto de disposiciones que han sido negociadas, de manera acuciosa, entre los dos partidos y que ahora equivalen a poco más que un acuerdo para regular la desregulación?

El rechazo a iniciar el debate formal de la reforma produjo una declaración relampagueante de Obama. Tras hacer notar la unanimidad de la posición republicana –partido del que de-saparecen los matices– y señalar dos motivaciones –la obstrucción como estrategia política y el deseo de volver a negociar para dar otra oportunidad al lobby bancario-financiero de mutilar o liquidar la reforma–, recordó que fue la falta de protección a los consumidores [de servicios financieros] y la nula rendición de cuentas de Wall Street, lo que puso de rodillas a la economía y condujo a los problemas que dejaron a millones de ciudadanos sin empleo y sin hogar. Repetir estos comportamientos es lo que la reforma trata de evitar.

Se coincide en considerar que los tres elementos básicos de la propuesta aluden a esas cuestiones: establecer instituciones o marcos legislativos que (a) protejan a los consumidores de productos financieros de las ofertas de bonos basura o instrumentos similares diseñados para canalizar las ganancias de su comercialización a las instituciones emisoras, con pérdida para los inversionistas; (b) hacer responsables a las propias instituciones financieras de los costos asociados a las operaciones de rescate, financiadas por los causantes, y (c) regular con gran rigor la emisión y mercadeo de derivados financieros, vedando a los bancos, que gozan de seguros públicos, de incurrir en estas acciones especulativas de alto riesgo.

Cuestiones de este orden están siendo investigadas en la demanda por fraude planteada por la Comisión de Valores y Bolsas contra Goldman Sachs, esa especie de santa sede del mundo financiero. Se ha señalado que la corredora colocó valores que sabía producirían pérdidas, al tiempo que invirtió en instrumentos que ganarían en la medida en que los primeros perdiesen. La complicada declaración que el papa Blankfein produjo, ante el comité investigador del Congreso el 27 de abril, para justificar este tipo de acciones, tuvo un tono fatalista: “corresponde a la naturaleza de las operaciones de desarrollo de mercados (market making) que Goldman quede del otro lado de las apuestas de sus clientes”, dijo. No otra cosa habría dicho el gerente de un casino: corresponde a la naturaleza de este negocio que la casa esté del otro lado de las apuestas de los jugadores. (Las detalladas crónicas de estas audiencias publicadas por el New York Times constituyen una de las lecturas más entretenidas y edificantes de la temporada.)

Para –usando una expresión en inglés puesta de moda en México– quitarle dientes a la propuesta de regulación financiera de Obama, los capitanes de la industria y sus validos republicanos en el Congreso pretenden restringir el campo de acción de la nueva agencia de protección de los consumidores de productos financieros; se oponen a la creación de un fondo, de 50 mil millones de dólares, integrado con contribuciones de los bancos y financieras, que permita que no sean los causantes quienes paguen el costo total de las acciones de rescate, y objetan que se construya una muralla Volcker entre los bancos, cuyos depositantes gozan de seguros de depósito financiados por los contribuyentes, y la emisión y manejo de derivados y otros instrumentos complejos, de alto riesgo, no por cuenta de los clientes, sino en beneficio de las instituciones.

Por fortuna, el presidente Obama ha trazado tres líneas rojas muy claras, al declarar que no está dispuesto a promulgar disposiciones regulatorias que no incluyan mecanismos efectivos y suficientes de protección de los consumidores de servicios financieros; que no retiren de la espalda de los causantes el fardo de eventuales nuevas operaciones de rescate financiero, y que no introduzcan orden en la emisión y comercio de derivados. (Entre paréntesis, varios de estos elementos se antojan, mutatis mutandis, como muy convenientes para el mercado bancario y financiero de México.) En otras palabras, Obama quiere establecer una regulación efectiva y suficiente y no se contenta con limitarse a regular la desregulación.

A mí mismo, en mis setenta