Phoenix, Arizona, 27 de abril. Phil Gordon no consigue los votos que necesita pero, ¿quién le quita el gusto de decir que será el anfitrión de Shakira? El alcalde de esta ciudad había anunciado que pondría a discusión del cabildo –de nueve miembros– llevar ante los tribunales al gobierno estatal, con el fin de anular la ley SB 1070 por inconstitucional y discriminitoria.

Pero los cinco republicanos le dicen que no. Gordon, demócrata, se ampara en sus facultades como representante legal de la ciudad y de todas maneras ordena la demanda.

Nadie recuerda una reunión tan concurrida, ni tan rápida, de las autoridades de la ciudad.

El alcalde despacha el tema en cinco minutos, en medio de los aplausos de más de 100 personas que de inmediato se van a celebrar fuera del salón. Ahí, en los corrillos, los asistentes del alcalde deslizan y los reporteros venidos de California confirman que este jueves se formalizará la demanda contra la ley, tarea a cargo de MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund).

Para dar peso al encargo de que es depositaria, MALDEF anunciará la demanda este jueves, durante un acto público en el Capitolio estatal de Arizona, con la presencia de la colombiana Shakira, de la también cantante Linda Ronstadt y de Dolores Huerta, la emblemática cofundadora de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés).

Eso se cuenta, para regocijo de los jóvenes gritones, justo en la plaza que lleva el nombre del otro fundador de la UFW, un hombre que encabezó el boicot nacional contra los productores de uva, y que se llamó César Chávez.

A una cuadra, para que nadie se emocione, está la cárcel del sheriff Joe Arpaio –descendiente, claro, de inmigrantes italianos. Sus grandes portones están tapizados de anuncios que piden a los ciudadanos ayuda para detener la inmigración ilegal. Lo más grande no son las letras, sino una foto del tamaño de una casa: unas manos con esposas de color rosa.

Esa imagen sigue ahí mientras el guión comienza a cumplirse.

Washington combate un miedo con otro miedo

La avalancha de anuncios de demandas la encabeza el gobierno de Barack Obama, y el círculo lo cierran los llamados a boicotear el comercio con Arizona, que se multiplican en ambos lados de la frontera.

Primero lo primero. Una señora que vetó dos veces proyectos de ley similares ahora es altísima funcionaria de Obama. Se llama Janet Napolitano y es secretaria de Seguridad Interior. Es un misterio por qué Obama la llamó a su gabinete a sabiendas de que, por ley, sería sustituida por la republicana Jan Brewer, la firmante de la ley que ha desatado la tormenta.

Pues bien, desde Washington, Napolitano combate un miedo (a la inmigración ilegal) con otro miedo: los recursos necesarios para aplicar la SB 1070 podrían afectar los destinados a combatir a quienes cometen crímenes más graves.

Poco después, otro funcionario federal, el procurador Eric Holder, califica de desafortunada la nueva ley; afirma que podría prestarse a potenciales abusos y también a abrir una brecha entre las comunidades y los agentes de la ley. Estamos considerando todas las posibilidades, como la de una impugnación en la Corte, resume.

El propio Obama aprovecha el viaje para calificar de dañado el sistema de inmigración de Estados Unidos y para pedir al Congreso una ley de sentido común. Espero que podamos hacerla pronto, se oye decir a Obama en los noticieros cercanos a la alcaldía.

Que Obama ponga el ejemplo

¿Esperar? ¡Lo que debería hacer Obama es lo que acaba de hacer el alcalde Gordon!, dice el activista Salvador Reza, mientras un montón de jovencitos gritan: “¡yes, we can!”, y ¡mexica, mexica, mexica!, al infinito, con una estampa del último emperador azteca entre las manos.

Pues sí, esperar. Y sentados, si se sigue al senador republicano Lindsay Graham, quien dice a Napolitano, en Washington, que no hay esperanzas de que se apruebe (una reforma migratoria) en el clima actual.

Si tras el 11 de septiembre de 2001 la enchilada completa se le atragantó a Vicente Fox por obra del terrorismo internacional. Ahora el problema es que la frontera es menos segura por las circunstancias en México, como dice Graham, el senador de Carolina del Sur que es (¿o era?) el negociador republicano de la reforma migratoria.

Las circunstancias, claro, es el otro nombre de la guerra contra el narcotráfico.

¿Esperar a que los legisladores decidan, como sugiere Obama? Algunos de los principales líderes del Congreso Nacional Latino (NLC, por sus siglas en inglés) aprovechan la tormenta del desierto (de Sonora) para pedir al presidente de Estados Unidos que dé pruebas de estar por una migración justa y humana. En sus manos –sostienen– está revocar los programas 287 (g) y Comunidades seguras (en la práctica, instrumentos para deportar indocumentados).

Sería un buen comienzo para demostrar buena fe y sinceridad hacia las comunidades de inmigrantes de Arizona y nacionales, dicen los dirigentes, entre quienes se encuentran las cabezas de varias organizaciones latinas con presencia en todo Estados Unidos.

El NLC se hace eco, además, de la propuesta presentada por el congresista Raúl Grijalva el domingo pasado en esta ciudad, y (por) un número creciente de organizaciones nacionales, regionales y locales para pedir un boicot contra el estado de Arizona hasta que la SB 1070 quede derogada.

Para los dirigentes latinos, la de Arizona es “equivalente al proyecto de ley Sensenbrenner, la infame legislación antinmigrante aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2005, que dio lugar a la oposición masiva de las megamarchas a escala nacional durante 2006”.

Deliberación exhaustiva

Los dirigentes saben que un boicot es una empresa seria y afirman que tomaron la decisión de convocarlo, de la mano de una gran cantidad de organizaciones y grupos en México y Estados Unidos, después de una deliberación exhaustiva.

La gobernadora de Arizona ha desestimado el boicot, quizá porque recuerda que entre 1990 y 1993 lo padecieron igual, porque los gobiernos estatales de entonces se negaron a reconocer como día festivo el dedicado a Martin Luther King. El estado perdió millones de dólares, dice un editorial del diario angelino La Opinión.

No creo que vaya a tener el impacto económico que alguna gente cree, dice Brewer. Quizá porque lo cree. O tal vez porque tiene en mente otros números: los de una encuesta fresquecita (Rasmussen Reports) que indica que 70 por ciento de los electores de Arizona está con la nueva ley. Y más: que 83 por ciento considera el tema migratorio como un asunto importante para definir su voto.

Rafael y Arturo, de 16 y 17 años, no están en edad de votar y ni podrían hacerlo porque no son ciudadanos estadunidenses. Son, además, demasiado tímidos para entrar a la sesión del cabildo. Esperan afuera, sentados en una banquita, con veladoras a sus pies y sus letreros en inglés: No destruyan nuestros sueños. Uno de los últimos funcionarios del ayuntamiento en llegar les dedica una sonrisa, una señal de apoyo y una frase: Thanks for coming. A unos pasos de ahí el alguacil también agradece a quienes lo ayudan a atrapar ilegales. Así es Arizona, llena de gente agradecida.