l pragmatismo de la clase política mexicana es un factor de riesgo real para la consolidación no sólo de la laicidad del Estado, sino para el desarrollo de la propia democracia en el país. Esta sentencia no pudo desarrollarse, por falta de tiempo, con la amplitud requerida en el seminario Estado Laico y Libertad de Creencias, convocado por la agrupación Ciudadanos en Defensa del Estado Laico en colaboración con la UNAM.

Somos de la idea de que la principal amenaza para el Estado laico, hoy, no es solamente la jerarquía católica, sino principalmente la clase política, cuya lógica de un supuesto realismo político se mueve más por los posicionamientos, alianzas y preocupaciones ante los resultados de los comicios electorales en turno. No se trata de defender los purismos ideológicos, pero cada vez resulta más evidente que el pragmatismo tiene un peso mayor en los cálculos, mediciones de efectividad, sentido práctico que las viejas coordenadas de axiomas, dogmas e ideologías que marcaban los rumbos del quehacer político; esta lógica de construcción va más allá de la corriente político-filosófica que se desarrolla en Estados Unidos en el siglo XIX. Prima por encima de un proyecto de nación la lógica de la codicia del poder de grupos, como sentenciaba Maquiavelo. Este pragmatismo político pone en peligro tradiciones y largas trayectorias de los propios actores. Le propongo recordar casos recientes para ilustrar los atrevimientos a los que se puede llegar.

La primera perla la encontramos en el gobierno panista de Jalisco: el gobernador Emilio González Márquez, tan generoso como piadoso con el erario, se propuso financiar la magna obra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el llamado Santuario de los Mártires. Uno de los donativos ascendía a 90 millones de pesos, anuncio que causó la movilización e indignación de cientos de organizaciones de la sociedad que consideraron esto un atropello a la equidad no sólo a las otras iglesias, sino a las minorías sociales. Cerca de 6 mil demandas, escándalo mediático y nula capacidad de movilización católica en Guadalajara llevaron a dar marcha atrás a la iniciativa, que sin duda fue un atentado al Estado laico. Es clara la afinidad del yunquismo cristero entre el cardenal y el gobernador.

El siguiente caso es más complejo y oscuro. El año pasado, de manera discreta, casi sigilosa y sin discusión mínima de las reformas los congresos locales impusieron severas sanciones contra aquellas mujeres que por diversas razones deciden interrumpir su embarazo, aun cuando sea producto de una violación. Sumaron 17 los estados con un formato clonado y previamente pactado entre las dirigencias de PRI, PAN y sectores de la jerarquía católica. El protagonismo que asumió el tricolor tuvo un severo costo político, pues los reproches se hicieron sentir entre las propias corrientes del partido que fue acusado de traicionar los orígenes laicistas del Institucional y aliarse con los sectores de ultraderecha católica. El mayor costo político fue para su dirigente nacional Beatriz Paredes, de quien por ser mujer, presumirse liberal y feminista se podría esperar todo, menos su ambigüedad y pasividad política para que contemplara impávida que sus legisladores revirtieran una ardua reivindicación de las mujeres en más de la mitad de las entidades federativas del país. Los grupos feministas no tardaron en recriminar y denegar su concordancia a la experimentada política tlaxcalteca.

Del mismo partido y con un proyecto de alto calibre, encontramos a Enrique Peña Nieto, quien parece dispuesto a todo con tal de posicionarse mediáticamente con miras a alcanzar la candidatura de su partido a la Presidencia. En ciertos momentos, disfrazado de panista, no tiene reparos, incluso está dispuesto a sacrificar raíces políticas e identidades ideológicas; desdibujar, pues, la tradición liberal del PRI. Su visita al papa Benedicto XVI a Roma, episodio de mal gusto para anunciar su boda, en medio de una cobertura mediática desproporcionada, fue todo un escándalo. Este caso ha abierto la puerta, política y simbólica,  para que de nueva cuenta la jerarquía católica gravite en la escena política del país. El gobernador mexiquense parece desempolvar las viejas tesis salinistas sobre el papel político de la Iglesia y asignarle un papel de aliada estratégica a aquellos sectores politizados del clero, como su buen amigo Onésimo Cepeda.

No podemos cerrar estos casos sin mencionar la propuesta del senador perredista Pablo Gómez: eliminar el inciso e del artículo 130 de la Constitución mexicana, presentada el 25 de febrero último, tendiente a otorgar mayores libertades políticas a los ministros de culto, iniciativa que ha causado fuertes cuestionamientos en el interior del PRD y suspicacias en sectores de la Iglesia católica. La propuesta de un viejo y legendario comunista de la izquierda mexicana ha sido calificada de anticlimática desde el punto de vista del actual debate político y perspectiva histórica.

¿Es religiosa la clase política mexicana? ¿Se está convirtiendo o es más conservadora de lo que pretende aparentar? En todo caso, parece tener un diagnóstico equivocado tanto del peso electoral de los obispos como de su gravitación política en las comunidades capaz de incidir en la orientación y en las preferencias subyacentes en los fieles-electores. Probablemente ante el notorio alejamiento de la ciudadanía, la clase política refleja que la debilidad de los partidos y de las instituciones es tal que busca formas alternativas de legitimidad. Es posible que la atmósfera del bicentenario haya desatado una nostalgia por los tiempos coloniales en que la legitimidad política no es otorgada por el pueblo ni mucho menos por medio del voto, sino de Dios. Aquí pareciera que el pragmatismo de los políticos mexicanos se vueve mágico y hasta místico.