Habitantes de tres comunidades serranas del municipio de San Dimas, Durango, irrumpieron en el Congreso local para exigir a los diputados y al presidente de Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que intervengan para frenar los abusos de militares en la región. Háganlo antes de que ocurra un enfrentamiento, pidieron.

Con pancartas, hombres, mujeres y niños de los poblados La Desmontada, San Francisco y San José de Causas, ubicados unos 200 kilómetros al noreste de la capital, ingresaron al recinto legislativo y se dirigieron a los legisladores y al ombudsman Carlos García Carranza, quien rendía un informe.

Queremos que pidan al general (de la décima Zona Militar, Moíses Melo García) detener el abuso de sus tropas, gritaban algunas mujeres, al tiempo que otras demandaban que los soldados cuiden las calles y dejen de allanar sus viviendas.

Dos de los manifestantes denunciaron que el sábado 24 de abril tropas del Ejército arribaron a La Desmontada, donde entraron por la fuerza a las casas y realizaron cateos. Quién sabe qué buscaban, apuntaron. Después se retiraron, pero se llevaron algunas pertenencias de los habitantes de la comunidad.

Minutos más tarde, la misma cuadrilla de militares hizo lo mismo en San Francisco y San José de Causas. No golpearon a nadie, pero se robaron cosas, destruyeron muebles y nos dieron un susto enorme, narró una madre de familia.

Ante el ingreso de las cerca de 70 personas, el presidente de la mesa directiva, el panista Noé Reyes Flores, interrumpió el informe que rendía García Carranza para pedir a los inconformes que guardaran silencio.

Al concluir su informe ante los legisladores, el ombudsman se reunió con los manifestantes. Les solicitó que interpusieran una queja ante la CEDH para poder pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mientras, diputados de Morelos exigieron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que se detengan las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, marinos y policías federales; efectividad en los operativos conjuntos, y actuar si hay alguna autoridad local bajo sospecha.

El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Othón Sánchez Vela, informó que 20 de los 30 diputados morelenses se reunieron ayer en el Distrito Federal con Gómez Mont, a quien solicitaron un fondo de emergencia o contingencia para que se indemnice a los familiares de los tres civiles que el año pasado murieron en ataques del Ejército y la Marina.

Mientras, como parte del programa Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad, el gobierno federal anunció ayer una inversión de 150 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública para impulsar programas como Escuela Segura.

Martín Martínez, director general de Gestión de la dependencia, informó que Escuela Segura dispone de 150 millones de pesos para beneficiar a 284 mil 509 alumnos y 175 mil familias durante 2010.