Con el voto en contra de la bancada del PAN, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, en la que se establece que cualquier cambio de uso de suelo o programa de desarrollo urbano deberá ser resuelto por el órgano legislativo en un lapso no mayor a 40 días, pues de lo contrario la modificación procederá en lo inmediato.

Las peticiones sobre el cambio de uso de suelo podrán ser formuladas por el gobierno capitalino, los diputados locales y cualquier particular, que deberán hacer su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), donde una comisión técnica, integrada por diversas dependencias capitalinas y la ciudadanía, resolverá si es procedente.

De ser aprobado, la dependencia capitalina en cuestión enviará la propuesta a la Asamblea Legislativa, que tendrá 40 días hábiles para dictaminar durante periodos ordinarios, pues de lo contrario, procederá el recurso de afirmativa ficta, es decir, de no haber respuesta

se da por hecho el cambio de uso de suelo.

El diputado del PRD Guillermo Sánchez Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, aseguró que la nueva normatividad garantiza la participación ciudadana, salvaguarda las facultades del órgano legislativo local y estipula que las atribuciones del gobierno capitalino no sean amplias e ilimitadas en materia de desarrollo urbano.

Dijo que la ALDF modificó la iniciativa original enviada por el gobierno capitalino. Un ejemplo, agregó, es el capítulo cuarto, que hace mención a las zonas de intervención. Ahí el GDF pretendía tener facultades ilimitadas para crearlas por decreto, pero se determinó denominarlas áreas de gestión estratégica y que sean aprobadas por los diputados, explicó.

También se crearán los comités técnicos de modificación a los programas de desarrollo urbano, que dictaminarán las solicitudes de cambio a los programas, y el de límites del Distrito Federal, en los que la Secretaría de Gobierno sólo tendrá derecho a voz.

En tribuna, los diputados se reservaron 33 de los 115 artículos que contiene la ley, pero sólo se aprobaron 13 promovidos por el PRD, en los que se hacen algunas adiciones y modificaciones al contenido.

Se adicionó el artículo séptimo para crear una reserva territorial para la construcción de vivienda social, de acuerdo con los recursos que la Asamblea Legislativa asigne para ello.

Además se crea una sanción de tipo penal en materia ambiental, en la que se fijan multas económicas y cárcel a las empresas de publicidad y a propietarios de los inmuebles donde se instalen los espectaculares en caso de contravenir las disposiciones legales.

Se incluye un artículo transitorio para regularizar los negocios de hasta 100 metros cuadrados cuyos giros sean de bajo impacto.

La votación del dictamen, 45 votos a favor y 14 en contra, se dio después de un ríspido debate entre diputados de PAN y PRD.

La confrontación se inició cuando el diputado David Razú acusó a la derecha de ser la oposición más irresponsable, más chambona, menos trabajadora y menos cumplidora de acuerdos. En respuesta, el panista Juan Carlos Zárraga manifestó que no son empleados del jefe de Gobierno ni mucho menos levantadedos de él.

La bancada del PAN objetó la afirmativa ficta y advirtió que se puede actuar por omisión; acusó que la normatividad centraliza las facultades en el GDF, trae consigo inseguridad jurídica para la ciudadanía y favorece a los desarrolladores inmobiliarios.