El presidente Felipe Calderón prometió actuar con todos los recursos a su alcance para defender los derechos de los mexicanos afectados por la ley antinmigrante de Arizona, conocida como SB 1070, al considerar que abre la puerta a la intolerancia, al odio y a la discriminación.

Cuando falta menos de un mes para su visita de trabajo a Estados Unidos, ofreció ayer en una reunión con migrantes mexicanos en ese país que en sus encuentros con Barack Obama y con el Congreso tratará el tema y la imperiosa necesidad de avanzar en una reforma migratoria sin menoscabo del derecho de cualquier país de regular las leyes en su territorio.

En representación de 128 consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Rhosbita Barker, residente de Salt Lake City, había demandado antes el respaldo del gobierno mexicano para hacer frente a esta ola de racismo y odio que se extiende por Estados Unidos, y le propuso constituir un grupo de defensa legal por los derechos de los migrantes detenidos en redadas masivas.

Calderón explicó que ya dio instrucciones a la cancillería y a los cinco consulados en Arizona para que redoblen acciones de asistencia y protección y trabajen con esta red de abogados que, según le explicó Barker, laboran gratuitamente en favor de los derechos de los paisanos y los defenderán con la ley en la mano.

El pronunciamiento público del Presidente –Los Pinos ya había emitido el sábado un escueto comunicado– se dio dos días después de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó esta ley que entrará en vigor dentro de 90 días y permite la deportación de individuos que parezcan sospechosos de ser indocumentados, no porten consigo tarjeta de residencia o lleven en su automóvil a una de esas personas.

Ante decenas de paisanos, Calderón aseguró que los lazos entre México y Arizona se ven seriamente afectados por esta injusta legislación, porque obedecen a posturas oportunistas, impulsadas por coyunturas claramente electorales que no garantizan adecuadamente los derechos fundamentales de las personas.

Aunque reconoció el derecho soberano de toda nación a decidir políticas en su territorio, declaró que su gobierno no permanecerá indiferente ni se quedará de brazos cruzados frente a decisiones que representan un atropello a los derechos de los paisanos.

Tras recordar, como en otras ocasiones, que él y su esposa Margarita Zavala tienen familiares en Estados Unidos, que son muy cercanos, no se imaginan cuánto, pidió tener cuidado en no hacer generalizaciones sobre lo ocurrido en Arizona, porque a la par de estas legislaciones antihumanas, México ha construido una relación más estrecha con Washington.

Por ello dijo valorar en toda su dimensión el rechazo que el presidente Obama expresó a la legislación y el llamado que hizo a debatir una necesaria reforma migratoria, que desde la perspectiva del jefe del Ejecutivo mexicano debe permitir una migración segura, legal, ordenada y respetuosa de la dignidad humana, para evitar un enfoque policiaco o persecutorio.

En su intento por convencer a Calderón para que otorgue su respaldo a los migrantes, Barker planteó: Mi querido Presidente, quizá se pregunte y por qué se fueron [a Estados Unidos]. Mi respuesta es: Por un mejor futuro, por el hambre, por el miedo a no encontrar respuesta a sus súplicas, por no ser respetados sus derechos, mas no por desleales a su patria.

Se quejó de que es difícil vivir en un país donde todos los días se vive el terror a ser deportados, encarcelados, multados, tratados como criminales y aceptando el maltrato e incluso la esclavitud cuando se les roba el salario. Demandó que Calderón impulse un plan de emergencia para recibir a los deportados y también defienda una reforma migratoria en beneficio de 20 millones de latinos, tras resaltar que, si prosperó la de salud, por qué no ésta.