Phoenix, 25 de abril. Organizaciones de derechos humanos en Phoenix realizaron nuevas marchas este domingo, en repudio a la ley antinmigrante SB 1070, mientras el congresista Luis Gutiérrez participó en una ceremonia religiosa local por la tarde.

Una manifestación partió por la mañana del edificio de la organización Puente, hacia la sede del gobierno estatal en Arizona, donde docenas de manifestantes permanecen en vigilia constante contra la legislación.

“Nosotros marchamos porque después de este intento de convertir en migra a cualquier policía, lo que sigue puede ser el apartheid de Arizona”, señaló la dirigente Yovana Rentería al encabezar la marcha.

Un adolescente sin identificar preguntó: ¿qué les parecería si pronto cuando los latinos seamos la mayoría (demográfica) estadunidense, los paramos para revisar sus papeles?

La organización nacional Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) consideró que la ley estatal SB 1070 es muy vulnerable desde la óptica legal.

El presidente legal de Maldef, Thomas Sáenz, puntualizó que la norma es extremadamente vulnerable, legalmente, y se esperan múltiples demandas de restricción.

Toda persona que sea detenida por la policía en Arizona bajo sospecha de que pudiera encontrarse en el país sin documentos puede demandar a los gobiernos locales con base en artículos constitucionales federales.

La cuarta enmienda constitucional protege contra investigaciones irracionales y la 14 garantiza equidad ante la ley.

El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, quien dirige a la policía en la ciudad, opinó que la gobernadora Jan Brewer firmó la ley el viernes pasado movida como un títere de los autores de la ley y del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio.

El alcalde indicó que pedirá al Departamento de Justicia que revise la constitucionalidad de la ley.

El jefe de policía en San Francisco, una ciudad cercana a Phoenix, George Gascón, consideró que la ley antinmigrante es sólo una maniobra publicitaria electoral de Brewer, Arpaio y el senador estatal Russel Pearce.

Arpaio de hecho se jactaba esta mañana de que la ley antinmigrante hará que por fin la Casa Blanca y el Congreso hagan algo al respecto de la migración indocumentada en Arizona.

Desconfianza

En la frontera de Arizona con México, en el condado de Santa Cruz, el alguacil Tony Estrada dijo que la ley provocará distanciamientos sin precedente entre las autoridades y la comunidad latina.

“No van a confiar en nosotros, nos van a ver como si fuéramos la migra cada vez que nos vean”, señaló Estrada en Nogales, ciudad que vive básicamente del comercio.

Los mexicanos sostienen los dos pilares de la economía de Arizona. Miles de mexicanos cruzan la frontera diariamente por San Luis, Nogales y Douglas a trabajar en la agricultura de Arizona.

Todos los días las autoridades federales les permiten el paso porque tienen residencia legal permanente o visados de trabajo, y otros miles cruzan a diario la frontera a hacer compras y sostener la economía de Yuma, San Luis, Nogales, Douglas y Tucson.

La semana pasada el Congreso del estado mexicano de Sonora declaró a Arizona un lugar peligroso para los sonorenses.

Una asociación nacional de transportistas informó este domingo que cancelaba su convención anual prevista en Phoenix, y que se abstendrá de circular mercancías por Arizona para proteger a sus afiliados latinos.

El congresista federal de Arizona, Raúl Grijalva, se pronunció por un boicot al estado, y exhortó al resto del país a sumarse moralmente a la oposición a la ley SB 1070.

Entre los marchistas se menciona que algunos beisbolistas profesionales de Arizona podrían solicitar su cambio a equipos de otros estados, porque muchos de ellos no hablan bien inglés y son notablemente inmigrantes.

También han mencionado que solicitarán a la liga estadunidense de futbol soccer (MSL) que no calendarice ningún partido de equipos con jugadores latinos para Arizona.

Además, mencionan el costo que tendrán que asumir los departamentos de policías y alguaciles para detener, procesar y deportar a presuntos indocumentados con presupuestos propios, sin basarse en autoridades federales, y para enfrentar demandas legales ante cualquier posible equívoco.