no de los momentos clave de la crisis financiera que estalló en septiembre de 2008 fue la quiebra de Lehman Brothers, una de las instituciones insignia de la historia de Wall Street.

Pues esa crisis no se ha superado, ni por el lado económico y financiero ni por el de las instituciones que hacen los mercados de crédito.

Los bancos de Estados Unidos han estado reportando ganancias grandes en el primer trimestre del año. Son los mismos que recibieron recursos públicos para zanjar la crisis provocada por la alta especulación con instrumentos de deuda sostenida por los préstamos hipotecarios chatarra. No todos han regresado el dinero que recibieron del erario.

La prensa especializada declara prácticamente a diario que se ha recreado el crecimiento de la economía de Estados Unidos, incluso más rápido de lo que se esperaba. Esta es, sin duda, una visión muy parcial. No parece importar si tal circunstancia ocurre en un entorno de alto desempleo que se ha vuelto muy resistente al nuevo entono productivo. Tampoco el que esté sustentada en una enorme deuda pública que habrá que pagar.

En tal escenario estalló un nuevo petardo. Y nada menos que en la casa Goldman Sachs, el banco de inversión por excelencia (ahora ya un banco comercial), la crema de la crema en los mercados financieros internacionales, envidia de los demás y cuya sola mención pone los ojos en blanco de los que trabajan en el sector de las finanzas, como jovencitas trastornadas por un galán de moda.

El gobierno de Obama, por medio de la Comisión de Valores (SEC, por sus iniciales en inglés), acusó a Goldman de haber abusado de sus clientes cuando armó un producto de inversión contra el que apostó el mismo banco, junto con otra empresa, obteniendo grandes utilidades. Aun después de la demanda de la SEC, los altos ejecutivos de Goldman se vanaglorian de su hazaña.

Como suele ocurrir, todo eso se hizo en el marco de la ley. Pero un serio problema es que esa transacción con hipotecas chatarra acarreó pérdidas multimillonarias para los inversionistas y la quiebra de dos bancos. En cambio, siguieron aumentando las ganancias del banco.

El tema debe sacarse de la discusión de lo que es ético. Dejemos eso por la paz pues es ahora un callejón sin salida. Pongámonos más bien en el campo de lo que es permisible o no para las instituciones financieras que operan en el libre mercado (por supuesto entre comillas) y dónde pueden manipular el patrimonio de otros en su propio beneficio.

Esa parece ser la cuestión sobre la que ahora quiere ir Obama y también la fracción demócrata en el Congreso. Es el asunto de las nuevas formas de reglamentación aplicable a los bancos. Y no es un asunto menor.

Las corporaciones bancarias reúnen diversas áreas, que pueden operar todo tipo de transacciones financieras. La banca universal capta depósitos, da créditos comerciales, de consumo, hipotecas, es casa de bolsa y sociedad de inversión, vende seguros y demás. Tienen, no debe olvidarse, una obligación esencial de tipo fiduciaria con sus depositantes.

La obligación fiduciaria es una relación impuesta por la ley en la que una parte actúa como guardián de los derechos, los activos y el bienestar de otro. El fiduciario tiene una obligación de cumplir su responsabilidad con el mayor grado de buena fe, honestidad, integridad en el interés del beneficiario. Esta obligación fiduciaria choca constantemente con los intereses comerciales de los bancos, o sea, sus motivaciones empresariales.

El caso es que las instituciones financieras mantienen el ahorro y otros fondos temporales de las familias, las empresas y el gobierno. Hacen la intermediación de los flujos de dinero y de crédito. Tienen muchos pasivos y activos, y relativamente muy poco capital. En esencia, usan el dinero de los demás. ¡El nuestro!

Y cuando los bancos pierden, por los excesos que cometen o provocan que otros pierdan como es el caso del supuesto fraude de Goldman, violan la responsabilidad fiduciaria. Actúan como una especie de bien público, pero en el marco de la apropiación privada. Esa contradicción está hoy en un límite. De ahí los cambios reglamentarios que se buscan para reordenar al sistema financiero.

Pero hay más. Cuando los bancos se exceden en sus riesgos o de plano cometen actos que, aunque pueden no ser considerados como delitos, provocan pérdidas para sus clientes, se puede llegar a un nivel de riesgo que exige la intervención del gobierno. Vaya si lo sabemos, aun no acabamos de pagar el costo del Fobaproa y del IPAB y nos falta mucho. Pero Ernesto Zedillo es ya consejero de Citigroup. Insisto en quedarnos fuera de la esfera de lo ético. Así es y punto.

En México debe abrirse la oportunidad ahora de replantear la organización del sistema financiero, de modo que las actividades del sector dejen el terreno cómodo de la inversión en deuda pública y el cobro de intereses de los pagarés del IPAB y las tarjetas de crédito, y financien la inversión productiva y la creación de riqueza.

Lo que pase en Estados Unidos con las políticas de reglamentación financiera va a impactar a todos y aquí nos puede agarrar, otra vez, con una mano adelante y otra atrás.