l pasado viernes 23 la gobernadora de Arizona firmó la iniciativa de ley SB 1070, que al entrar en vigor de aquí a tres meses, si antes no se echa abajo, permitirá a la policía de ese estado detener a cualquier persona que le resulte sospechosa y a la que se le fincarán responsabilidades delictivas si no comprueba su estancia legal en Estados Unidos.

Al suscribir esa iniciativa, la gobernadora Janice K. Brewer se corresponsabiliza de su contenido con la legislatura de ese estado, que previamente la aprobó, con lo que le está dando dentro de la vida pública interna una mayor fuerza política.

La iniciativa de ley SB 1070 es persecutoria y racista, de espíritu francamente fascista.

La reglamentación migratoria en Estados Unidos es facultad federal. El presidente Barack Obama ha instruido a colaboradores para que examinen la procedencia legal de la iniciativa. El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, cuya actitud es representativa de la de muchos funcionarios y de amplios sectores de la población, ha declarado que presentará una denuncia ante la autoridad judicial buscando echar abajo esa ley a la que califica de inconstitucional e inaplicable. De llegar el caso a la Suprema Corte, existe la posibilidad de que ésta declare la improcedencia de esa ley estatal, pero es sólo una posibilidad, sobre todo si se considera la actual integración altamente conservadora y reaccionaria de ese cuerpo.

El gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha declarado en torno a la ley SB 1070 que utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona, y que las agencias diplomáticas y consulares de nuestro país estarán redoblando sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, independientemente de la condición migratoria de nuestros nacionales.

En su declaración señala, adecuadamente también, que el tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio, y que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada, que la existencia de mercados laborales trasfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo.

Es ahora la oportunidad para que el gobierno mexicano vaya más allá del rechazo a la ley SB 1070 y de esta declaración, y haga una propuesta que permita resolver de fondo los problemas de la migración irregular de nuestro país hacia Estados Unidos.

Es el momento de proponer un adendum al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN), que considere la creación de fondos de compensación para reducir las asimetrías económicas existentes entre los tres países signatarios del pacto, así como la suscripción de una carta o compromiso social en el que se establezcan los mecanismos que, al ponerse en práctica, permitan igualar, en tiempos razonables que se fijen, las condiciones laborales en los tres países, que garantice el respeto y ejercicio de los derechos de los trabajadores donde quiera que realicen su actividad, y que prevea los plazos en los cuales, así como ya sucede con las mercancías, se dé también la libre circulación de personas.

La defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que ya enfrentan un sinnúmero de amenazas en Estados Unidos, a las que se suman ahora las que surgen de la ley SB 1070, será más efectiva si la actitud del gobierno mexicano no es sólo reactiva a los eventuales efectos directos derivados de la entrada en vigor de esa ley arbitraria y represiva, sino planteando una solución de fondo, con una visión integral de la problemática socioeconómica existente en la porción norte del continente, que se promueva con todo vigor y decisión, como parte de la política bilateral y trilateral, en los medios oficiales y civiles de los países con los que estamos asociados en el ALCAN, así como entre aquellos que en nuestro propio país habrán de tomar las correspondientes decisiones.