La Paz, 25 de abril. El Ministerio Público de Bolivia presentó una acusación formal contra la gobernadora de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y otros 17 dirigentes cívicos del extinto comité pro intereses de esa región, por el vejamen público que sufrió un grupo de campesinos el 24 de mayo de 2008 en la ciudad de Sucre.

El caso fue denunciado por un alcalde provincial de Chuquisaca, en el sureste, quien en ese entonces estaba con el grupo de campesinos que fue obligado por una turba a quitarse la ropa y arrodillarse frente a la Casa de la Libertad.

El hecho sucedió en medio de disturbios entre grupos opositores al gobierno de Morales por la represión que sufrieron cuando demandaron a la Asamblea Constituyente que a Sucre se le reconozca como capital plena, y seguidores del gobierno que se trasladaron a la ciudad para participar de un acto oficial encabezado por el jefe de Estado.

La acusación presentada por el fiscal Daniel Romay, quien investiga el hecho desde que fue denunciado en esa época, dijo que los delitos que se imputan son sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes públicos, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y leves, privación de libertad, amenazas, coacción, vejaciones y tortura.

Además de Cuéllar, están sindicados el alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, la ex alcaldesa Aydée Nava, el ex candidato a gobernador de Chuquisaca y ex presidente del Comité Cívico, John Cava, quienes, de acuerdo con la acusación, en mayo de 2008 ordenaron los violentos actos contra los labriegos que se trasladaron a Sucre para recibir al presidente boliviano, Evo Morales.

Romay señaló en declaraciones a la prensa que tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo que investigaron los sucesos coincidieron en sus informes con el presentado por el Ministerio Público, y concluyeron que hubo violación a los derechos fundamentales de los afectados.