Buenos Aires, 25 de abril. Más de 100 mil asambleístas y vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú marcharon sobre el puente internacional General San Martín, que une Argentina con Uruguay, para reclamar el inmediato desmantelamiento de la papelera Botnia de Finlandia, y sostuvieron que no se pude monitorear ni controlar el funcionamiento de un emprendimiento ilegal.

Ésta es la sexta marcha que protagonizan los vecinos que organizaron asambleas y lucharon por impedir la instalación de la empresa, mientras Argentina reclamaba por la violación del tratado bilateral firmado entre ambos países en 1975 que impedía todo tipo de construcción en las márgenes del río Uruguay que une ambos países, sin consultas previas.

La Corte de La Haya reconoció hace unos días que hubo violación del tratado del río Uruguay, pero sus expertos determinaron que no había contaminación y por lo tanto Botnia podía continuar trabajando bajo el control de una comisión que deberá monitorear si se afecta el medio ambiente.

En la uruguaya Fray Bentos otros miles de vecinos marcharon en protesta por el cierre del puente que mantiene la asamblea de Gualeguaychú, y que ha perjudicado gravemente al comercio en esa zona y la llegada de turistas, lo que consideran también ilegal.

Todos juntos por la vida. Gualeguaychú reclama justicia, era la consigna de los vecinos. La marchas habían creado tensión, especialmente en Uruguay, donde el gobierno decidió poner fuerte vigilancia para impedir que algunos exaltados pudieran entrar a Fray Bentos, lo que ya sucedió y podría ser usado para crear un conflicto internacional.

Se reclamó la relocalización de Botnia, propiedad de la finlandesa UPM, al considerar que el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, lejos de solucionar el conflicto, lo agrava. Es inhumano y perverso.

También se criticó que la corte sólo consideró las pruebas de contaminación presentadas por el gobierno uruguayo y la consultora Ecometrtix contratada por el Banco Mundial, organismo internacional que financió la construcción de Botnia.

Asimismo, se demandó a la corte que, pese a declarar a Uruguay violador de un acuerdo, no hay castigo ejemplar y se condena al pueblo argentino a convivir con la contaminación permanente de la empresa ilegal Botnia.

Incluso plantearon una contradicción: en Europa los ilegales son expulsados; para La Haya los ilegales en Sudamérica se quedan. Resaltaron que se privilegiaron los intereses económicos de una corporación internacional y calificaron a Finlandia de colonialista y avasalladora de la soberanía de dos pueblos hermanos.

Otro de sus reclamos dirigidos al gobierno uruguayo es que la hermandad de los pueblos no se forja desde el servilismo a las multinacionales.

La asamblea denunció que en los dos años de funcionamiento de Botnia, con una producción de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa, fueron emitidos 36 mil 800 toneladas de tóxicos que ya afectaron el ecosistema del río Uruguay. Acompañó a la marcha una caravana náutica, que colocó sobre el río Uruguay una bandera con la demanda de que se relocalice Botnia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que detrás de los vecinos de Gualeguaychú hay algunos sectores derechistas además de grupos productores de soja transgénica que contaminan esa zona, e intentan utilizar esto políticamente contra ambos gobiernos.

En Uruguay militares de ese país habían alertado sobre un posible atentado contra Botnia por los vecinos de Gualeguaychú, que nadie considera aquí. Detrás existen otros intereses para los cuales convendría debilitar ambos gobiernos, o enfrentarlos para romper un importante sostén de la integración latinoamericana.