El proyecto de reforma política del Distrito Federal del gobierno de la ciudad considera mantener las delegaciones como demarcaciones político-administrativas e incorporar consejos de supervisión de la gestión pública, cuyos integrantes serían electos por voto directo y secreto, conformados por el principio de representación proporcional.

La propuesta retomada por el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) plantea que dichas demarcaciones reciban recursos federales y locales conforme a su dimensión, población, aportación fiscal y situación de marginalidad.

A diferencia de la iniciativa que presentaron al órgano legislativo los partidos de oposición, en la que se busca conferir a las delegaciones el manejo de la hacienda pública, en este texto sólo se hace mención a que se debe procurar una redistribución de la riqueza que permita abatir la desigualdad social.

Aunque no fija un número, plantea revisar la distribución territorial de las demarcaciones, al considerar que la actual presenta ya problemas por su magnitud, composición social y económica.

En la propuesta de redacción para el artículo 122 constitucional que contiene el documento, se sugiere nombrar a la ciudad de México sede de los poderes de la Unión y capital de la República, la cual gozará de autonomía en su régimen interno y se organizará políticamente conforme al presente artículo y a su propia constitución local.

En este tema, el planteamiento es que el texto constitucional de la ciudad de México sea expedido y modificado por votación de las dos terceras partes de su Poder Legislativo local, en el que se establecerán los derechos que gozarán los capitalinos, además de los consagrados en la Carta Magna.

Para ello, propone otorgar facultades al Poder Legislativo local para ser parte del constituyente permanente, y conferirle autoridad para aprobar deuda y designar al jefe de Gobierno interino o sustituto.

En cuanto al Ejecutivo local, proyecta otorgar plenas facultades para indultar presos del fuero común, solicitar endeudamiento y nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la procuraduría capitalina.

También propone que la Federación contribuya al gasto en que incurran las autoridades locales con motivo de la capitalidad de la ciudad de México.

El documento refiere que el Distrito Federal asume costos adicionales en algunos servicios públicos, que tan sólo en la atención de las 80 embajadas asentadas en su territorio significa una erogación de 630 millones de pesos anuales, lo que implica una mayor carga para las finanzas públicas locales.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, adelantó que el próximo miércoles buscarán una definición sobre el tema.

Indicó que la diferencia que existe es que el PRD se propone garantizar primero que el órgano legislativo sea parte del constituyente permanente para generar su propio marco jurídico y su texto constitucional, mientras el resto de los partidos pretende definir cómo hacerlo con la confianza de que la Cámara de Diputados y el Senado van a respetar el planteamiento que surja.

No es asunto de capricho ni mucho menos; lo que queremos es tener la certeza de que sea la Asamblea la que tome esa importante definición. Si no fuera así, qué garantías tenemos que se va a respetar lo que verdaderamente quieren los capitalinos, apuntó.