Según estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), en México ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro minutos. De éstas, 65 por ciento son contra mujeres de entre 10 y 20 años, cuyos agresores pertenecen –en 70 por ciento de los casos– a su entorno social y familiar.

La violación entre cónyuges está tipificada como delito sólo en 12 estados de la República, y según el Informe Nacional de Violencia y Salud, publicado por la Ssa en 2006, las agresiones sexuales son poco denunciadas por estigma y discriminación.

Entre 1997 y 2002 se denunciaron 74 mil 964 violaciones, cifra que representó 39.4 por ciento de las reportadas por día. En cuanto a la distribución de estas quejas, las entidades con mayor número son el estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y Puebla. Sin embargo, al calcular la tasa de ataques por cada 100 mil habitantes, destaca Quintana Roo, con una tasa de 47.9 por ciento, tres veces mayor al promedio nacional (14.74), seguida de Baja California (24.5) y Tlaxcala (23.4).

Sexto lugar mundial en incidencia de esos delitos

Datos de la Organización de Naciones Unidas señalan que México ocupa el sexto lugar mundial en este tipo de delitos, pero ninguna institución oficial cuenta con estadísticas sólidas acerca del número de abusos, y la mayoría de los estudios pocas veces distinguen la violación del resto de ataques sexuales.

A partir del caso de la niña de 10 años que en la comunidad de La Rovirosa, Quintana Roo, resultó embarazada tras haber sido violada por su padrastro, las autoridades estatales de salud informaron que el año pasado, en esa entidad resultaron preñadas 881 adolescentes a consecuencia de una violación.

A escala federal no existe estadística alguna que refleje los embarazos producto de ese delito en adolescentes. Sin embargo, estimaciones del Centro Nacional de Equidad de Género, de la Ssa, señalan que la posibilidad de gravidez por cada acto sexual violento sin protección es de 8 a 10 por ciento.

Pero así como no existen estadísticas claras que informen acerca de la dimensión del problema de la violación en México, en particular del embarazo entre adolescentes por ese delito, tampoco hay –según especialistas– una política que defienda la salud de las niñas y mujeres víctimas de ese ataque. Se sigue anteponiendo la protección del embrión al bienestar de la madre. El caso de la niña de La Rovirosa así lo demuestra.

Aun cuando especialistas en ginecología, obstetricia y sicología alertaron con datos científicos sobre el riesgo que representa para la salud física y mental de la niña llevar a término ese embarazo, el cual se encuentra en su semana 18 de gestación, autoridades estatales insisten en que la pequeña lo lleve a término.

La ginecóloga Raffaela Schiavon Ermani, directora de IPAS México, informó que de acuerdo con datos derivados de la Ssa, la muerte por parto en una adolescente de 15 a 19 años es 66 veces mayor que la de mujeres en edad reproductiva madura, con lo cual, en una adolescencia aún más temprana, el riesgo es más alto. Asimismo, subrayó la importancia de las consecuencias sicosociales que en una niña de esa edad puede tener el llevar a término un embarazo por violación.

Con ella coincide la sicóloga y presidenta de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (Amssac), Olivia Guerrero Figueroa, quien considera que una violación y una maternidad forzada en una niña, que apenas este martes cumplió 11 años, conllevan graves consecuencias en su desarrollo sicosocial.

Tiene efectos inmediatos, como depresión, insomnio o problemas de socialización con sus pares, y tardíos, como rechazo hacia su cuerpo, una visión desagradable de la sexualidad, interrupción de su escolaridad y vulnerabilidad ante la pobreza.

Shiavon sostuvo que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana O46, sobre atención a víctimas de violencia, las instituciones de salud están obligadas a realizar la interrupción del embarazo a mujeres que fueron violadas, por lo que, si las autoridades obligan a la niña a llevar a término su embarazo, están transgrediendo las recomendaciones internacionales hechas en marzo pasado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se especifica que el Estado mexicano tiene que respetar esa normativa en todas sus entidades federativas.

Agregó que la interrupción de un embarazo puede realizarse en cualquier momento de la gestación, no obstante, como la niña de Quintana Roo se encuentra en el segundo trimestre de gestación, de realizarse, debe ser por expertos. Y, aunque el aborto implica riesgos para ella, son menores comparados con los que correrá si se lleva a cabo el parto.

Silvia Solís Hernández, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, criticó la posición del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, al obstaculizar el aborto por encima de la salud física y mental de la menor. Dijo que, más allá de que este caso se resuelva con un parto, refleja una vez más que México regresó a la época del oscurantismo.