Es un insulto político y moral, señalan durante una movilización en México
Humillación adicional a quienes padecieron la persecución, aseguran
Domingo 25 de abril de 2010, p. 3
Integrantes del exilio español y sus descendientes se manifestaron ayer frente a la embajada de España en México para expresar su inconformidad por el juicio que se sigue contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación.
Los ciudadanos españoles en el exterior estamos indignados. La pretensión de inhabilitar a Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, y los términos en los que se está desarrollando el proceso, no sólo nos parecen una aberración jurídica, sino un insulto político y moral
, dijeron en un documento que suscribieron y entregaron a la legación diplomática.
Agregaron que esta es una humillación gratuita adicional a la que tuvieron que padecer sus familiares, quienes, debido a vergonzosas persecuciones políticas o a catastróficas situaciones económicas, se vieron obligados a abandonar el país en el que nacieron.
Relación de decesos
Con la bandera de los republicanos, decenas de personas señalaron que el problema de fondo no atañe exclusivamente a Garzón. El quid de la cuestión son los abominables crímenes cometidos por la dictadura franquista. Sin contar a los fallecidos en el frente de batalla ni a los refugiados políticos, aquellos que sufrieron las represalias del franquismo superan los 100 mil muertos. La relación de decesos por el bando republicano ha sido establecida por reconocidos especialistas, como de tres a uno.
Refirieron que aún hoy se siguen recuperando esqueletos enterrados en deleznables fosas comunes, y a pesar de ello, los crímenes de guerra y el terror como política de Estado no han sido juzgados.
Ni siquiera se ha organizado una comisión de la verdad. Por el contrario, hace décadas que los poderes fácticos, entrelazados, se conjuran para relativizar u ocultar lo ocurrido en nombre de la reconciliación, subrayaron en el documento leído frente a la embajada.
El Tribunal Supremo de España procesa a Garzón, tras la denuncia presentada por Manos Limpias y la Falange Española, las cuales consideran que el juez no tiene facultades para investigar las desapariciones del franquismo.