a firma de la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, sobre la ley SB1070, ratificó una decisión del Congreso local, pero también avivó la guerra que un sector de la sociedad y la clase política estadunidnse han declarado contra los inmigrantes, especialmente contra los mexicanos. La ley es una abierta invitación a la persecución, el acoso y la discriminación de todos aquellos que parezcan nuestros paisanos, independientemente de que sean o no indocumentados. Es, en efecto, una ley de odio, como la calificó Ed Pastor, el congresista demócrata por ese estado fronterizo con México.

La decisión del Congreso local y de la gobernadora responden, en primer lugar, a una motivación electorera. La señora Brewer quiere seguir en su puesto y seguramente consideró que esta ley era una buena acción para ganarse el voto de sus electores el próximo noviembre. Pero el costo va ser alto, pues alentará el racismo, la violación de los derechos humanos y la represión policiaca contra los inmigrantes, con toda la secuela que esto último conlleva: malos tratos, división de familias y extorsión laboral.

Es sabido, y esta vez no ha sido la excepción, que las crisis económicas son caldo de cultivo favorables para que se exacerben las reacciones de ultraderecha y, en particular, la xenofobia. La culpa del desempleo se achaca a los extraños, a los que llegan al país a quitarle el trabajo a los nativos y a disfrutar de servicios médicos y educativos a costa del dinero y los impuestos de los residentes. Así, hoy, una ola ultranacionalista y antinmigrante se ha agudizado en Europa y Estados Unidos.

En este último país, por otro lado, el pleito contra los migrantes ha tomado la forma de una disputa bipartidista. Pocas horas antes de la firma de la gobernadora Brewer, el presidente Barack Obama criticaba duramente la ley en los jardines de la Casa Blanca. Obama estaba enviando un mensaje para evitar que la polarización política se convierta en una guerra que vaya más allá de las campañas electorales y se replique en las calles contra personas de todos los colores (negros, cafés, amarillos o rojos).

Pero el caso es que esta guerra ya comenzó. Con motivo del debate sobre la ley de salud, la derecha y la ultraderecha republicanas desarrollaron una ofensiva que fue más allá de las buenas costumbres de la política estadunidense. “Kill the bill”, gritaban frente al Capitolio. Maten la ley, lo que tenía más de un significado legislativo. Y esa frase era una de las más suaves, pues también se hicieron abiertos llamados a la rebelión armada contra el socialismo de Obama, como lo califica el grupo Tea Party. Hasta el otrora moderado Mc Cain, el ex candidato perdedor frente a Obama y autor de una moderada iniciativa de ley pro inmigrantes, que firmó con el finado senador Kennedy hace años, ahora se ha radicalizado hacia la derecha.

Así pues, Obama tiene que enfrentar un asunto que está dividiendo profundamente a la sociedad y a los partidos políticos. Por eso también llamó, el viernes mismo, a una revisión general de las leyes de inmigración para evitar la irresponsabilidad de otros. Quizá lo que le preocupaba, al decir esto último, es la tentación de los sectores más conservadores a alentar la confrontación social y política contra los inmigrantes.

Pero la posibilidad de que el Congreso apruebe una nueva ley o paquete de leyes que favorezcan a los indocumentados no se ve muy cerca. Los demócratas también quieren el voto antinmigrante y, aunque tendrán que decidir entre éste y el voto latino, es probable que muchos se decidan por nadar de muertito o de plano pasarse a la derecha. Ello, a menos que la polarización lleve a Obama y un sector de los demócratas a aprovechar los excesos de los republicanos para dejar de buscar consensos bipartidistas e imponer su mayoría. Cosa que no se ve posible, por ahora.

Mientras la gobernadora presidía la ceremonia de firma de la nueva ley, en las afueras del Capitolio estatal miles de personas se congregaban para protestar. La marcha a Washington, que congregó a miles de inmigrantes de diversos orígenes raciales, que tuvo lugar en marzo, fue un abierto reclamo a Obama, pero también una advertencia a la ultraderecha: los migrantes también tienen voz y presencia en las calles. La firma de la gobernadora puede ser el antecedente de nuevas y más grandes movilizaciones.

El primero de mayo, varias organizaciones de mexicanos y latinos están llamando a marchas en diferentes lugares de Estados Unidos para exigir la reforma migratoria. Ahora tendrán otra causa para su movilización: paren la guerra, detengan la ley del odio. Y, me imagino, muchos latinos y mexicanos también dirán: y si no la paran, aquí nadie se raja.