Buenos Aires, 24 de abril El juez federal, Norberto Oyarbide, ordenó la detención de dos ex jueces de la provincia de Misiones quienes autorizaron el espionaje telefónico ilegal que realizaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que encabeza el empresario derechista Mauricio Macri y dirigido contra diversos sectores, entre ellos Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA, en julio de 1994.

Ambos jueces, Horacio Gallardo y José Luis Rey, fueron destituidos esta semana por un jurado de enjuiciamiento de Misiones por falta de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo y abusos de actuación vinculando a personas inocentes en dos casos de asesinatos para justificar la intervención de sus teléfonos. Gallardo quedó detenido en un sanatorio y Rey está prófugo en estos momentos con pedido de detención internacional.

Al perder sus fueros como jueces ya no podían ampararse como lo habían hecho desde que año pasado salió a luz el tema del espionaje que incluso se ejerció entre otros contra maestros litigio con el ministro de Educación capitalino, Mariano Narodowski quien debió renunciar.

Esto se produjo en medio de los escándalos de la nueva policía Metropolitana formada por Macri cuyo ex jefe el comisario Jorge Fino Palacios también debió renunciar por las escuchas ilegales y está detenido junto a unos de sus hombres, el espía Ciro James, descubierto en plenas funciones.

Los jueces estaban imputados como parte de una asociación ilícita en la que fueron claves Palacios y James.

El escandaloso caso es uno más que registra la administración municipal de esta ciudad, y que varios medios locales ocultan.

Estos jueces habían firmado más de dos mil órdenes para pinchar teléfonos, mediante supuestas causas armadas desde Misiones, provincia fronteriza con Paraguay y nunca cruzaron las informaciones que llegaban a sus juzgados ni las grabaciones, lo que indica que eran la cobertura para el accionar ilegítimo aquí.

Policías de Misiones solicitaban intervenciones telefónicas, que iban desde un cuñado que Macri intentaba alejar de la familia, hasta empresarios, políticos, personalidades e incluso información que podía servir para el chantaje económico.

La próxima semana deberá concurrir a indagatoria el ex ministro de Educación así como Palacios y el ministro de Seguridad Montenegro. Macri deberá presentarse el próximo 5 de mayo, después que la Cámara denegó la recusación del Juez Oyarbide en este caso.

En tanto el actual jefe de la Policía Eugenio Burzaco, quien fue citado por la legislatura evadió responder sobre las escuchas y otros temas y no habló a fondo de las razones por las que en estos días debió solicitar la baja de la diez altos oficiales de la cúpula de la Metropolitana, que habían sido empleados en tiempos de Palacios y que fueron denunciados desde diversos frentes por vínculos con delitos, desde el manejo de la prostitución y otros.

Por otra parte el sacerdote católico Eduardo de la Serna, el obispo Aldo Etchegoyen, el rabino Daniel Goldman, y la hermana Martha Pelloni, destacadas figuras aquí escribieron una carta abierta en respuesta a la publicada en una página entera de periódicos locales por Marcela y Felipe Noble Herrera hijos de la directora del multimedios Clarín, donde pedía que se los dejara tranquilos y sostenían apoyar a su madre adoptiva.

En su carta el grupo de religiosos de distintos credos mencionan sus comprensión por la situación de ambos jóvenes lo que por otra parte señalan “no es novedosa para nuestra sociedad y que aparece atravesada o teñida de conflictos y ocultamientos (…)En definitiva, vuestra historia –sin ustedes desearlo– puede ser una de aquellas que conforman el drama de nuestro país”

Además de solidarizarse con ellos recuerdan que la propia experiencia pastoral “nos permite afirmarles con alegría y con paz que no hay nada más sanador y liberador que la verdad, sea cual fuere (…)Ustedes aparecen tironeados en la clásica lucha entre la verdad y el ocultamiento, la luz y las tinieblas; y no dudamos en decirles que no teman, que no tengan miedo en avanzar confiados hacia la verdad. Ella sana y abre ventanas de aire fresco y renovador”.

También sostienen que no es sano para la sociedad, para las familias, ni para ustedes mismos que quede verdad sin indagarse, oculta y sin investigación y renuevan su confianza absoluta en el Banco Nacional de Datos Genéticos” reconocido en su trabajo hasta ahora.

Las Abuelas de Plaza de Mayo que buscan a niños robados por los militares durante la pasada dictadura desde hace ocho años intentan que Marcela y Felipe cotejen sus datos con el Banco, pero encuentran todo tipo de obstáculos, a pesar que han ofrecido la mayor comprensión en este caso.

Ahora la justicia dispuso la confrontación de datos y nuevamente se encuentran con otras murallas.

En otra acción judicial relevante en estas horas el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de esa provincia del extremo noroeste del país emitió un fallo histórico de minería a gran escala y ante la probabilidad de cualquier perjuicio ambiental irremediable invirtió la carga de la prueba, resolviendo que no son las poblaciones cercanas a los yacimientos las que deberán probar que las empresas que los explotan contaminan sino que deberán ser responsabilidad de éstas informar.

La abogada que representaba a la población afectada de Tilcara en la Quebrada de Humahuaca, que luchó y se movilizó para evitar el desastre ambiental en esa zona, Alicia Chalabe dijo hoy que la sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera al explicar que existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero, señala el periódico Página 12.