El Marqués, Qro., 24 de abril. La mitad de las 400 casas construidas por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) en el fraccionamiento Libertadores, municipio de El Marqués, fueron abandonadas por sus dueños, debido a irregularidades financieras que detectaron en sus contratos y a daños estructurales en las paredes, que son mitad plástico y mitad concreto, según dijeron.

Las calles del fraccionamiento, inaugurado en 2007 por el entonces gobernador Francisco Garrido Patrón, llevan los nombres de militantes del Partido Acción Nacional, como Manuel Gómez Morín; algunas viviendas aún continúan pintadas de blanco y azul, los colores de ese instituto político.

Los pies de casa fueron edificados por el IVEQ para personas de escasos recursos que no estuvieran afiliadas a ningún instituto de seguridad social. Constan de recámara, cocineta y baño. El techo es de lámina y algunas paredes son de concreto en la fachada y de plástico por dentro.

María Guadalupe Franco Ordaz, presidenta de colonos del fraccionamiento, señaló que el IVEQ les solicitó 10 mil pesos de enganche y mensualidades de 692 pesos con una tasa de interés de 14.5 anual a pagarse en 25 años.

Sin embargo, aun cuando les dijeron que el costo de la vivienda sería de 90 mil pesos, en el acta de entrega-recepción que les dio el IVEQ se especifica que su valor es de 105 mil pesos, de los cuales 33 mil habría aportado el gobierno federal, 60 mil el gobierno estatal y 12 mil el beneficiario.

Pero las cantidades varían de acuerdo con quien las maneje, se quejó. Por ejemplo, al firmar la documentación que los acreditaría como propietarios, les indicaron que acudieran a las oficinas de la Caja Popular Alianza (CPA), encargada de financiar el recurso para el pago de la vivienda, pero la cantidad a pagar por ellos sería de 60 mil pesos y las mensualidades de mil 200 pesos, con tasa de 42.5 por ciento mensual, pues por cada día de atraso los intereses serían superiores a 200 pesos.

A pesar de ese trámite, la unidad fue entregada año y medio después, porque las obras no estaban terminadas. Allí comenzaron otros problemas:

Franco Ordaz recuerda que a los tres días de habitar su vivienda detectó fallas en la instalación eléctrica, drenaje y toda la estructura de la casa. Metí mis muebles y cuando quise prender la luz del pasillo me di cuenta que primero tengo que encender la del baño, y si quiero la luz de la calle, antes tengo que encender la del pasillo.

Por esas fallas en la instalación eléctrica se quemaron el refrigerador, la televisión y una máquina de coser que era su principal fuente de sustento, dijo.

Cuando llueve, gotea la lámina del techo, por lo que debió colocar cinta adhesiva en las uniones de las hojas; las paredes parecen fuente, por el agua que se filtra. El mismo personal de IVEQ reconoció que no puede ampliarse su vivienda porque se caerá la estructura, que es de plástico.

En el fraccionamiento no hay banquetas, ni alumbrado público, y el drenaje es una fosa séptica al aire libre ... y tener que pagar a la caja, lamentó.

Además, la Comisión Federal de Electricidad les cobra hasta 2 mil pesos bimestrales por el mal servicio, cuando el cobro debería ser de 45 pesos.

La nueva administración del IVEQ, que encabeza Roberto Gaitán Spamer, realizó un censo para conocer el problema del fraccionamiento y detectó que de 400 viviendas, 200 están deshabitadas a causa de estos problemas.

Recordó que varias veces, durante el pasado gobierno estatal (2003-2009), solicitó al IVEQ reparar los desperfectos y solucionar el problema con la caja popular. Ahora esperan que sí los tome en cuenta la administración que desde hace seis meses encabeza el priísta José Calzada Rovirosa.

Julio César Ramírez, director de Asesoría y Promoción de la Vivienda del IVEQ, aseguró que la Secretaría del Gobierno ya realizó un convenio con la Caja Popular Alianza para destinar 800 mil pesos y poner al corriente esos créditos.

Sin embargo, los colonos tendrán que pagar puntualmente y sólo así se les va a premiar con un paquete de mejoramiento de vivienda.

Por todas esas irregularidades ya han interpuesto demandas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en juzgados municipales –donde depositan el pago mensual para no tener ninguna relación con la CPA– así como en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.