espués de más de dos semanas que el Tribunal Supremo dio entrada a una denuncia contra el juez de la Audiencia Española, Baltasar Garzón, por presunta prevaricación en sus investigaciones de crímenes del franquismo, decenas de miles de personas se congregaron ayer en Madrid y otras ciudades para protestar contra ese proceso. El acto, que originalmente se pensó como una muestra de apoyo al magistrado, derivó, sin embargo, en reclamo masivo de justicia para las víctimas de la dictadura, en expresión de hartazgo por la impunidad que prevalece más de tres décadas después de la muerte de Francisco Franco, y en acto de reivindicación de la república española.

Las consignas expresadas ponen de relieve la indignación generalizada por parte de la sociedad española, que va mucho más allá de la coyuntura y se centra en la exasperante demostración del peso y la influencia que el fascismo sigue teniendo en la institucionalidad de ese país: la incrustación de cuadros franquistas en posiciones encumbradas de la vida democrática en la nación ibérica hace obligado recordar las declaraciones del propio Francisco Franco poco antes de morir, cuando dijo, en relación con el futuro de España: todo está atado, y bien atado. Por añadidura, las resistencias a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura ponen en tela de juicio la institucionalidad emanada de la transición de ese país –la cual, a lo que puede verse, tuvo como propóstio la consigna de hacer borrón y cuenta nueva entre víctimas y victimarios–, y muestran la omisión de un esclarecimiento histórico de los crímenes perpetrados por el antiguo régimen como rezago principal de ese proceso, cuya atención resulta por demás ineludible.

Según puede verse, la persistencia de tales elementos ha logrado articular expresiones progresistas diversas de la política y la sociedad españolas. En ese sentido, y como se observó en las movilizaciones de ayer, más allá del apoyo coyuntural a la figura del juez Garzón, la nación ibérica asiste a una etapa de exaltación, por parte de buena porción de habitantes, de la memoria histórica y la justicia, y de repudio a la impunidad en España. Asimismo, la polémica acerca de las acusaciones contra el juez ha sentado una nueva demostración de la inveterada fractura ideológica, política y social entre una España cavernaria y autoritaria –encarnada ayer en las movilizaciones, mucho menos numerosas, de falangistas en respaldo del proceso contra Garzón–, y otra progresista, tolerante y moderna.

Para finalizar, no deja de ser significativo que algunas de las principales consignas expresadas en las movilizaciones de ayer, en concreto la reivindicación de la república, parecieran no tener cabida en las plataformas programáticas de las dos principales fuerzas políticas de España: el gobernante Partido Socialista Obrero Español, que carga con el estigma de haber apoyado la Ley de Amnistía de 1977 –que ha sido interpretada por distintas instancias internacionales como ley de punto final– y de brindar su apoyo a la monarquía, y el Partido Popular, heredero del franquismo que, en años recientes, ha experimentando una regresión del centro-derecha a la franca reacción ultraconservadora.