Para el consorcio Grupo México, propiedad de la familia Larrea, no hay nada que tratar con los trabajadores de la minera Cananea, y por lo tanto no subiste problema alguno, sino tan sólo la debida aplicación de la ley.

La empresa privada dominante en los procesos de explotación minera en el país, que usufructúa gran parte del territorio nacional para obtener pingües ganancias económicas, rechazó hace unas semanas la propuesta de la comisión especial de seguimiento de la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, del Poder Legislativo federal, para buscar una solución a la grave condición en que se encuentran las relaciones entre concesionario y trabajadores.

El mes pasado Miguel Ernesto Pompa Corrella, presidente del órgano legislativo, envió una invitación a los funcionarios de Grupo México para reunirse con objeto de conocer su postura en torno al conflicto y que emitieran propuestas de solución.

La respuesta se circunscribió al rechazo firmado por Juan Rebolledo Gout –funcionario federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, y personaje cercano al mandatario en cuya administración ocupó, entre otros cargos, el de subsecretario de Relaciones Exteriores–, quien ahora se desempeña como vicepresidente de relaciones internacionales de Grupo México.

El texto de la negativa de la minera a participar en la búsqueda de soluciones del conflicto en Cananea señala lo siguiente:

“He recibido, al igual que otros colegas de la empresa, su invitación para asistir a una sesión de trabajo de la comisión que usted preside. En dicha invitación me informa que los integrantes de la comisión abordarán las premisas y vías de solución a los conflictos mineros que atañen al Grupo México.

“Al respecto, respetuosamente le informo que el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito ha resuelto en definitiva el conflicto en la mina Cananea, según sentencia notificada el 5 de marzo pasado, y que por tanto no subsiste problema alguno sino tan sólo la debida aplicación de la ley, a la que todos estamos sujetos.

Por esa razón, al estar colmado el objeto de la reunión por sentencia de los tribunales federales, no vemos propósito en la presencia de la empresa en la reunión convocada.

El diputado Pompa Corella repuso que tras esa grosera respuesta la empresa minera, propiedad de la familia Larrea, rompió el contacto con el órgano legislativo.