El juzgado 32 de lo penal en el Distrito Federal notificó este jueves a los abogados de Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, una resolución de sobreseimiento de la única orden de aprehensión que tenía vigente el dirigente ante autoridades judiciales del fuero común, en un fallo que según los defensores representa el más duro revés que han recibido los trabajadores ligados a Grupo México que presentaron las denuncias penales contra los miembros de la cúpula de ese gremio.

Ha sido procedente el incidente de sobreseimiento interpuesto por la defensa del imputado. En consecuencia, al haberse demostrado que los hechos que motivaron el ejercicio de la acción penal en contra de Gómez Urrutia no son constitutivos de delito de administración fraudulenta, resulta procedente cancelar la orden de aprehensión que enfrentaba el inculpado, resolvió el juzgado 32 de lo penal.

El órgano jurisdiccional justificó su fallo al asegurar que de las constancias de autos se advierte que quedó acreditado que no existió ningún delito con motivo de la creación, modificación y extinción de ese fideicomiso minero, y se acreditó que no hubo desvío de recursos por 55 millones de dólares, contrario a lo que hizo valer la parte querellante.

Se trata de una resolución que tiene alcances de cosa juzgada y quedará firme una vez que sea ratificada por una sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en caso de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interponga un recurso de apelación.

El penalista Marco Antonio del Toro, integrante del equipo de defensores del líder minero, informó a La Jornada que las autoridades del juzgado 32 del Reclusorio Sur le notificaron ayer que el juez admitió el sobreseimiento de la orden de aprehensión que existía contra Gómez Urrutia, actualmente exiliado en Canadá.

Vigentes, dos órdenes

Refirió que con esta resolución Gómez Urrutia ya sólo tiene pendientes dos órdenes de captura por delitos federales. Una por supuesto delito bancario, que se desvanecerá con base en el fallo del juzgado 32, pues tiene alcance de cosa juzgada, y con ello se hará valer el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, abundó.

Otra acusación es por presunto lavado de dinero, la cual está por ser cancelada en definitiva, pues el dirigente ya ganó un amparo en primera instancia contra esta segunda causa penal y está a la espera de que un tribunal colegiado confirme la protección de la justicia, dijo el defensor.

Sostuvo que el fallo del juzgado 32 nos pone muy felices, porque afectará los planes de la Procuraduría General de la República, ya que los abogados de esa dependencia sustentaron buena parte del juicio de extradición contra Gómez Urrutia en la orden de aprehensión por supuesto fraude del mismo órgano jurisdiccional que ahora canceló la medida cautelar.

El defensor refirió que en los cuatro años recientes han tenido que sortear una serie de intrincados litigios que se complicaron por la intención dolosa de las autoridades ministeriales de mantener bajo presión judicial a Gómez Urrutia.

Recordó que en 2006 se presentó la primera denuncia penal contra Gómez Urrutia, por trabajadores mineros afines a Grupo México. Sólo son tres los denunciantes: Elías Morales Hernández, Miguel Castillejas Mendiola y José Martín Perales Lozano. Los mismos tres que han provocado todas las órdenes de aprehensión libradas contra Napoleón, expuso Del Toro.