Los mineros de Cananea, Sonora, están desesperados después de tantas arbitrariedades. Son casi tres años en huelga, de vivir en una situación precaria, de padecer dificultades y carencias junto con sus familias, con sus hijos y, en contraste, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, lejos de hacer algo para resolver el conflicto, celebra todas las resoluciones contrarias a los derechos de los trabajadores; es aberrante lo que está haciendo.

Vía telefónica desde Vancouver, Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, señaló lo anterior y sostuvo que no deja de sorprender la actitud y celebración de Lozano ante cada resolución que afecta a los trabajadores.

El dirigente hizo referencia a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya segunda sala resolvió como improcedentes las reclamaciones interpuestas por los trabajadores de Cananea y confirmó que concluyeron las relaciones laborales en la empresa, como ya había decidido la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Sin embargo, aclaró que ése no es un fallo definitivo ni es un caso concluido, por lo que no tienen por qué entregar la mina.

A pesar de que no ha finalizado al asunto, el encargado de la política laboral se apresuró a celebrar porque no le importan los derechos de los trabajadores, insistió Gómez Urrutia.

Agregó que la falta de voluntad del secretario para resolver el conflicto lo ha complicado más, y apuntó que su actitud servil a las empresas es vergonzosa; no esconde que representa los intereses patronales, en este caso por encima de los mineros que han entregado toda su vida, su esfuerzo y su sacrificio en una mina tan difícil y complicada que ha enriquecido a Grupo México.

Respecto de los señalamientos de algunos trabajadores de que estaban dispuestos a hacer estallar la mina de Cananea por defenderla como su fuente de trabajo, el dirigente aseveró que son palabras de desesperación, y dijo que aun cuando son entendibles estas expresiones, con madurez evitaremos que se llegue a estos extremos.

Gómez Urrutia alertó que si se desata la violencia en Cananea y hay un estallido –pero social– será porque el gobierno federal y la empresa otra vez arman una estrategia para desalojar a los obreros, con apoyo de fuerzas militares o policiacas, porque los trabajadores están acompañados en la mina con sus familias, con estudiantes, representantes sindicales internacionales y nacionales, por lo que si toman esta decisión sería retroceder más de 100 años.

Por lo anterior, hizo otra vez un llamado al presidente Felipe Calderón para que intervenga directamente en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Añadió que, contrario a lo ha querido hacer ver la Secretaría del Trabajo, estamos muy lejos de haber terminado este asunto; todavía hay otras instancias y juicios de amparo promovidos por trabajadores de confianza que ya obtuvieron una suspensión definitiva del acto reclamado y que impiden que la JFCA ejecute el laudo que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Son amparos indirectos y falta que se resuelvan, y en última instancia, si vienen en contra, faltaría el recurso de revisión.

Así, la resolución de la SCJN no significa el final, y los obreros no van a entregar la mina. Reiteró que también hay procesos ante instancias internacionales. Se va a ampliar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso podría llegar a la Corte Interamericana, señaló.

Al preguntarle si no está cansado de toda la maraña jurídica que ha tenido que enfrentar con demandas y contrademandas, respondió: no me he cansado y no me voy a cansar, porque lo que está pasando en México es una aberración, se ha creado un conflicto sindical, social, económico y político para favorecer a una empresa.