La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló anoche un dictamen de la Cuenta Pública 2002 en el cual no se especifica si se aprueba el gasto ejercido por la administración de Vicente Fox en su segundo año de gobierno.

El coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, y la diputada perredista Claudia Anaya Mota votaron en abstención el dictamen, que ya había sido devuelto por la anterior legislatura a la misma comisión, debido a que la mayoría del tricolor y el sol azteca consideraron que debía reprobarse.

Ayer ambos legisladores resaltaron que el proyecto de decreto no incluye ningún artículo que defina el sentido de la resolución.

Mi voto en abstención se explica precisamente porque la comisión debe pronunciarse por aprobar o reprobar la cuenta pública de ese año. Si no lo hace así, estaría incurriendo en una ilegalidad. Es un documento que someteré a estudio del grupo parlamentario y nuestras conclusiones las presentaremos el día que se someta a votación en el pleno, expresó Pedro Vázquez.

En cambio, el dictamen solicita al gobierno de Felipe Calderón informar si ya se solventaron las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al revisar la Cuenta Pública 2002 determinó que la administración foxista no sólo incurrió en subejercicios y aumento en el gasto corriente, sino en opacidad en el manejo del gasto y en violaciones a la legislación aplicable al uso del erario.

También solicita a la ASF informar si las dependencias que incurrieron en inobservancias a los principios básicos de contabilidad –entre ellas las secretarías de Hacienda, de Energía, de Educación y de Comunicaciones, así como entidades paraestatales y estados y municipios– ya fortalecieron sus principios de contabilidad gubernamental.

El dictamen requiere a la propia ASF informar sobre las acciones realizadas para garantizar un transparente ejercicio de los recursos públicos federales que se transfieren a los estados y municipios desde el ramo 033.

El decreto insta al Ejecutivo a que, por conducto de Hacienda, continúe implementando medidas que disminuyan el gasto corriente del gobierno federal, a fin de obtener recursos que puedan ser destinados a programas que beneficien a la sociedad.

En los considerandos del documento, la Comisión de Presupuesto resaltó que de los ingresos presupuestarios por un billón 387 mil 500 millones de pesos, el gasto corriente del sector público presupuestario representó 874 mil 308 millones de pesos, incremento de 96 mil 114.4 millones de pesos respecto de 2001, una variación real de 6.3 por ciento.

La comisión dijo que el Ejecutivo debe informar a la Cámara de Diputados sobre el fincamiento de responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades y le recomienda que gire instrucciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que ejerzan el presupuesto aprobado conforme a su programación.

Finalmente se le pidió enviar información sobre los recursos transferidos a fondos y fideicomisos públicos vigentes con anterioridad al ejercicio fiscal 2005.