Pachuca, Hgo., 21 de abril. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo determinará este jueves la situación legal de 39 de 132 campesinos apresados el martes por allanar el Congreso local para capturar al legislador priísta Reyes Vargas Paredes, a quien acusan de la compraventa fraudulenta de un predio de tres hectáreas.

Entre los detenidos está el ex diputado local perredista Cuauhtémoc Fernández Hernández, acusado de encabezar a los más de 200 campesinos de Yolotepec que golpearon a legisladores, policías y periodistas.

Cuando los campesinos se llevaban al diputado a Yolotepec, policías estatales y municipales lo rescataron cerca del municipio de San Agustín Tlaxiaca, donde detuvieron a 132 personas.

Para exigir su liberación, vecinos de Yolotepec bloquearon durante 20 horas los cuatro carriles de la carretera federal México-Laredo. Luego de una negociación, las autoridades liberaron a 93 de los detenidos.

José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia del estado, dijo que los 39 restantes, entre ellos tres menores de edad, fueron remitidos el Ministerio Público, que abrió las averiguaciones previas 12/DAP/217/2010 y 12/DAP/218/2010 por terrorismo, lesiones, daño en propiedad ajena, robo y tentativa de homicidio. Advirtió que se les aplicará todo el peso de la ley.

Familiares de Fernández Hernández acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo a presentar la queja CDHEH-1000/2010 por el aislamiento en que mantienen a su pariente en los separos de la Procuraduría General de Justicia.

Raúl Arroyo González, presidente de la CDHEH, dijo que visitadores encabezados por Humberto Vieyra Alamilla han estado en la toma de declaraciones de los detenidos y emitirán un dictamen sobre las condiciones en que los encontraron, pues muchos fueron golpeados, particularmente durante el rescate del legislador Reyes Vargas, quien también sufrió lesiones, pero está fuera de peligro.

Arroyo González lamentó lo ocurrido en la Cámara de Diputados y llamó a los partidos, al sector empresarial y a las instituciones del gobierno y educativas a condenar estos hechos, que no sólo lesionan a algunas personas, sino a toda la sociedad.

El ombudsman hidalguense censuró a los grupos que se aprovechan de la ignorancia y la buena fe de la gente, como ocurrió con los campesinos de Yolotepec, que hoy están lastimados moral y físicamente.

Los campesinos aseguran que Reyes Vargas vendió un predio de tres hectáreas de ejidatarios de Yolotepec, municipio de Santiago de Anaya. Ese núcleo ejidal se dividió y ahora unos reclaman las tierras y otros el dinero de la compraventa, que suma alrededor de 9.9 millones de pesos.

Pedro Alonso Aldana, presidente del comisariado, responsabilizó al ex comisario Braulio Damián Anaya y a Reyes Vargas de haber realizado una compraventa fraudulenta cuyos beneficiarios fueron 117 personas que ni siquiera son ejidatarios, dijo.