Jueces y magistrados federales que atienden procesos penales contra integrantes del crimen organizado han solicitado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que sean policías militares y no agentes federales quienes les den protección, debido a que esa corporación está infiltrada y temen que en algún momento sean sus propios custodios quienes los agredan, afirmó Miguel Ángel Aguilar López.

Durante su participación en la mesa redonda ¿Están protegidos nuestros jueces ante el narcotráfico?, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez y Aguilar López se manifestaron por que a los encargados de enjuiciar a integrantes de grupos criminales, así como a sus familias, se les dé más protección física y que no sean agentes de la Policía Federal quienes les sirvan de escoltas.

Hasta febrero pasado, 43 de 63 jueces y magistrados en todo el país recibían protección ante las amenazas que integrantes de cárteles de las drogas o de otras bandas del crimen organizado les habían hecho. Sin embargo, de acuerdo con los magistrados Aguilar López y Ojeda Bohórquez, en la actualidad 60 impartidores de justicia utilizan escolta y vehículos blindados.

Durante su participación en el foro, Aguilar López, titular del sexto tribunal colegiado en materia penal, señaló que hace unos días los propios jueces declararon que están inseguros y temerosos, que ya no quieren más a esos policías federales (que les sirven de escolta), que prefieren y solicitan policías militares, porque temen que sus propios custodios los agredan, porque la corporación está infiltrada.

También es necesario dotarlos de vehículos blindados que los protejan de una agresión directa, porque debe tenerse en consideración que algunos de ellos han sido desposeídos de esos vehículos.

El magistrado Ricardo Ojeda reveló que han solicitado cambio de residencia jueces y magistrados que laboran en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y otras entidades a causa de la violencia generada por el crimen organizado.

Indicó que los casos recientes de impartidores de justicia que han sufrido amenazas ocurrieron hace dos semanas, por lo que consideró que el CJF debe dotar a sus compañeros de protección integral en edificios, carros blindados, mejores prestaciones en cuanto a seguros y brindar protección física para sus familias.

En contraparte, el magistrado Jorge Ojeda Velázquez consideró que si los jueces actúan bien nada les pasará, y que deben realizar sus tareas sin temor, porque de nada sirve la protección con escoltas si la delincuencia ha decidido agredirlos.