Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron de gravísima y muy preocupante la pretensión del Ejecutivo federal y su partido (PAN) de impedir que militares acusados de violar garantías individuales sean juzgados por tribunales civiles. Esta intención, dijeron, se contrapone a las recomendaciones de organismos internacionales en la materia y a tratados que el mismo Estado mexicano ha firmado y ratificado.

Integrantes y directivos del Centro Miguel Agustín Pro, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtieron del peligro que representa no legislar adecuadamente respecto de las condiciones y requerimientos que son necesarios para declarar un estado de excepción, como lo marcan los tratados internacionales que México ha firmado sobre el tema.

Además cuestionaron la creciente participación de militares en actividades de seguridad pública, el crecimiento alarmante de denuncias en contra de efectivos de las fuerzas armadas acusados de violar derechos humanos, la notoria impunidad en este tipo de casos y la falta de autonomía e independencia que tienen los juzgados militares.

Luis Arriaga, director del Centro Pro Juárez, comentó que las denuncias contra militares crece de manera importante cada año. Así, este organismo reportó que en 2007 se presentaron 54 abusos de militares, en 2008 un total de 119, mientras que en el primer semestre de 2009 fueron 115 denuncias.

Por su parte, Silvano Cortés, secretario ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que los organismos están muy preocupados por esta pretensión del gobierno y su partido de sacar el fuero militar de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. Hay un riesgo muy alto de que haya una regresión en materia de derechos humanos y de que se consolide un sistema de impunidad relacionado directamente con el fuero militar, advirtió.

En tanto, Edgar Cortés, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que gobierno y Senado tienen una actitud esquizofrénica, donde un día aprueban leyes que pareciera van en el camino correcto respecto al respeto de los derechos humanos, pero al día siguiente toman caminos totalmente contrarios.

La responsabilidad es de Calderón: PRI

Por otra parte, fuentes de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que la responsabilidad de que se revise el papel del Ejército Mexicano, sus alcances e incluso que se discuta la posibilidad de que en sus actos se sometan a la justicia civil, es responsabilidad exclusiva del presidente Felipe Calderón, quien por cierto ha insistido en una estrategia equivocada para enfrentar a la delincuencia organizada.

Destacaron que de mantenerse esta estrategia, el desgaste de las fuerzas armadas será cada vez mayor, lo que ya se refleja en las decenas de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que participa el Ejército como parte de los operativos en contra del crimen.

Con información de Ciro Pérez