El coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió ayer que su bancada mantiene la determinación de que desaparezca el fuero militar en el caso de miembros de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de ciudadanos, para que sean juzgados por tribunales civiles.

Dijo también que estarían dispuestos a eliminar de la Ley de Seguridad Nacional la facultad del Senado para aprobar la participación temporal del Ejército en el combate al narcotráfico, en aras de llegar a un consenso, pero siempre y cuando se resuelva lo concerniente al fuero con base en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El PRI no se ha echado para atrás, sostuvo a su vez el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell. Explicó que la modificación en torno al fuero de los miembros del Ejército se hará en el Código de Justicia Militar –según recomendó la CIDH–, pero analizan la posibilidad de derivar también la diposición en la Ley de Seguridad Nacional.

Interrogado sobre la determinación de eliminar del dictamen de la ley de seguridad lo concerniente a sujetar a la justicia civil a los militares que agredan o vulneran garantías fundamentales, Beltrones dijo que ese punto está aún a debate y que sostiene la postura que ha venido manifestando en los últimos días.

“Mantengo mi posición de que debemos atender obligadamente, porque es vinculante, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de 1999, así como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última habla de la obligatoriedad de que se modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar en materia de fuero.

Las negociaciones se complicaron ayer, ya que la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), que coordina Gustavo Madero, insiste en que el tema del fuero militar no se incluya en la Ley de Seguridad Nacional. Una postura similar es la que defiende el legislador priísta Jorge Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; por otra parte, las principales fuerzas políticas comentan que la presión gubernamental se ha intensificado en los últimos días

En todas las bancadas ha circulado la versión de que quienes dictaminan han recibido la oferta de aprobar la legislación que legaliza la acción del Ejército en tareas policiacas, pero sin tocar el fuero, ya que la Presidencia de la República hará llegar una iniciativa integral para reformar el Código de Justicia Militar.

Las divergencias obligaron a que ayer no sesionaran las comisiones unidas, que estaban citadas a la una de la tarde para discutir el proyecto de dictamen. La reunión se programó para hoy por la tarde.

Por su parte, el perredista Pablo Gómez señaló que el Código de Justicia Militar debe reformarse con base en lo que ya establece la Constitución, además de ordenar en la Ley de Seguridad Nacional el uso legítimo de la fuerza, a fin de impedir abusos como el disparar sobre civiles desarmados, como han hecho militares.

Finalmente, sobre la posibilidad de eliminar del dictamen las facultades del Senado de la República para avalar los decretos por los que se envía al Ejército a coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado –que el PRI introdujo en la iniciativa presidencial–, Gómez Álvarez consideró que de todas formas debe quedar fuera, porque contraviene lo establecido en la Carta Magna en la que esa responsabilidad es exclusiva del titular del Poder Ejecutivo.