a profecía se ha repetido como una cantinela desde tiempos idos. Dice así la canción de marras: si se llevan a cabo las reformas estructurales pendientes, la economía crecerá de manera acelerada y el bienestar reinará entre los mexicanos. Un punto adicional del PIB se ganará si se aprueba la de naturaleza política. Dos puntos más para la laboral, tres para la fiscal, y así por el estilo desgranan el estribillo para cada una de las reformas que, según esa agenda (FMI), integran conveniente orden del día. La fundamental (energética) desde la perspectiva del oficialismo ya se presentó y su redacción final fue más que alabada en su momento. Los paraísos descritos en su versión original, achicados en la revisada, se han ido esfumando a medida que se patentiza la ineficiencia de la administración del señor Calderón. Ahora, desde las altas esferas impasibles, pero compulsivamente urgidas de mayores negocios al amparo público, se alega que requiere ajustes adicionales.
En medio de este barullo surge la pesada evidencia del estancamiento continuado con su cauda de acumulación desmedida e injusticia creciente para las masas. Todas las reformas (pseudo) estructurales han sido regresivas y diseñadas para acrecentar privilegios a costa de los trabajadores y los pequeños productores. Por estos aguerridos días hay varias en espera de la atención del Congreso y una está causado el mayor revuelo. No es de las llamadas estructurales, pero su injerencia en la marcha de la República puede tener un efecto profundo si se procede con la vista fija en el bienestar colectivo y la recomposición democrática. Es la que se refiere a los medios de comunicación y las telecomunicaciones en general. De aprobarse tal como requiere la sociedad sería un gran paso adelante en la trunca modernidad del país. Pero, si se atiende y sopesa el actual balance en las fuerzas cupulares, todo indica que surgirá una versión poquitera y tramposa que llevará el beneplácito de la industria respectiva.
Una vez más los intereses creados prevalecerán en el diseño final porque la reforma surgirá del núcleo de legisladores dependientes del entramado de poder dominante que, por ahora al menos, son ignominiosa mayoría. El peso de los intereses de la industria y lo cerrado de las posturas de sus dirigentes llevan atadas suficientes garantías de éxito. En este pleito no están solos: una coalición adicional de mandones de dentro y fuera del país acudirán presurosos en su auxilio. El factor que puede balancear tal cúmulo de poder apunta hacia la sociedad, pero ésta se encuentra dispersa y con insuficiencias notorias para solidificar sus pretensiones.
La lucha entre estos dos polos se ha prolongado por décadas y el desgaste ha sido mayúsculo. Un continuo estira y afloja que bien parece un ritornelo inacabable y desesperanzador. En él se aparece, a las claras, un trabuco atrincherado, soberbio e intransigente, que crece sin contratiempos. En el otro extremo se dibuja un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales que deben agrupar sus fuerzas y remar a contracorriente. No se ha podido llegar al punto desde el cual se dé una pelea pareja, como en Argentina. Allá se conjuntó la masa crítica suficiente para que, con la adhesión de la presidenta, se pudiera inclinar el fiel a favor de las aspiraciones democráticas de la sociedad. La administración del señor Calderón, a diferencia de lo mostrado por la señora Kirchner, es un sujeto inerte, un factor cautivo de sus ilusiones de continuidad.
La democracia requiere una reforma de medios y telecomunicaciones que parta de modificaciones constitucionales para ir ordenando este singular y complejo mercado de envalentonados concesionarios que han monopolizado, mediante modalidades y usos perversos de las concesiones, la palabra pública. No se ha logrado romper el estrecho vínculo que une, de manera umbilical, a los medios con el ámbito político. Hay, en este tinglado de intereses, una hermandad construida alrededor de la inmensa acumulación de favores, negocios y traiciones. Los propietarios han reunido, a su férreo servicio, una activa porra de publicistas, intermediarios y difusores de variada índole, efectividad y calaña, que les teje densa capa de protección. Este blindaje se prolonga hasta la más notoria impunidad, sobre todo ahora que cuentan, para su regocijo, con su propia bancada de legisladores.
Es probable que en la presente intentona que se cocina en el Congreso se queden cortas y se trunquen las aspiraciones de romper, por fin, el cascarón que frustra la normalidad democrática en México. La puntería, sin embargo, debe afinarse con precisión de relojero astuto por parte de aquellos que empujan una reforma integral y justiciera. No es una mayor competencia entre las empresas lo que hace falta, aunque sería conveniente. Tampoco mejores organismos reguladores o apertura a nuevas voces, lo que es sano e indispensable. Lo imperioso es propiciar la diversificación clasista de la propiedad empresarial y poner límites cuantitativos a la tajada del mercado para uno, dos, tres o cinco grupos en lo particular.
En el fondo del fenómeno social, político, económico y cultural arriba descrito, toma forma y materia un esfuerzo mayúsculo de la ciudadanía por incidir en el cambio efectivo del modelo vigente. Es éste el envolvente que prefigura la calidad y dureza del pleito. Van contra el control del espacio público de los medios y las telecomunicaciones. Es por ahí por donde hay que canalizar y organizar las energías colectivas que posibiliten la transformación del país. Hay que alertar sobre las reacciones del poder establecido, que ya flotan por ahí, ante la inminencia de un movimiento renovador que surge desde las entrañas de la nación. Algunos de sus adalides de la derecha algo sospechan y ya prometen un cambio que, dicen, será cierto y total. Pero les falta consistencia y veracidad para definir sus contornos y contenidos o identificar los obstáculos reales. Sólo se le nombra como escudo publicitario, pero carecen de credibilidad para inducirlo. Sus arrestos son desplantes electoreros, pues sus compromisos y complicidades los obligan a la continuidad más onerosa para el bienestar mayoritario. Por ahora son los adelantados en las encuestas sobre preferencias de voto. El apoyo condicionado de los medios pone su cuota. La ruda realidad los irá desenmascarando.
