Buenos Aires, 20 de abril. El último presidente de facto de la dictadura militar argentina (1976-1983), el general Reynaldo Benito Bignone, de 81 años, fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número uno, que dictó sentencia en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y tortura del cuartel militar de Campo de Mayo. Bignone deberá cumplir su condena en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal junto con otros militares también condenados en esta causa.

También a 25 años de prisión fue condenado el ex jefe del Departamento de Inteligencia de Campo de Mayo, Exequiel Verplaetsen, y el ex jefe del Comando de Institutos Militares de esa guarnición militar, Santiago Omar Riveros. Este militar ya tiene una sentencia anterior de cadena perpetua por el asesinato del niño de 14 años Floreal Avellaneda en 1976, mientras Verplaetsen está condenado en esta misma causa a 25 años.

Por otra parte, el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Tepedino, fue condenado a 20 años de prisión; el ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo, Jorge Osvaldo García a 18 años y el ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, Eugenio Guañabens Perelló, a 17 años.

Los condenados fueron juzgados por allanamientos y secuestros ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 personas.

Madres, Abuelas de Plaza de Mayo, hijos y familiares de desaparecidos esperaban cada palabra de la resolución que se leyó al finalizar la tarde. Cada condena y especialmente el hecho de que se ordenó pleno cumplimiento en una cárcel común, fue saludado con aplausos, gritos y lágrimas.

Para todos los presentes esta fue una fuerte respuesta a lo dicho por Bignone, quien en su alegato final afirmó que nadie podía poner en duda que fue una guerra lo que libró la dictadura en este país, sin el menor gesto de arrepentimiento por los crímenes cometidos contra miles de víctimas.

Calificó como una guerra irregular la acción de las fuerzas armadas que intervinieron para derrocar al terrorismo, cumpliendo órdenes indiscutibles emanadas de un gobierno democrático.

General Reynaldo Benito BignoneFoto Reuters

Hizo referencia así a lo que dispuso en 1975 el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita), quien gobernó de 1974-1976 tras suceder a su esposo el general Domingo Perón, cuando este murió durante su tercera presidencia en julio de 1974.

En realidad ese gobierno demandó a la fuerzas armadas el aniquilamiento de los grupos subversivos que en términos militares significaba detener todo el accionar de éstos, pero no el exterminio físico de los que consideraron enemigos internos en el esquema del terrorismo de Estado que se aplicó aquí cumpliendo la Doctrina de Seguridad de Estados Unidos.

El ex general Bignone escandalizó a los asistentes varias veces durante su alegato, especialmente cuando cuestionó la existencia de 30 mil desaparecidos y los casos de robos de niños nacidos en cautiverio y apropiados por los militares.

Precisamente fue uno de los represores Bignone no pudieron evadir ser detenidos por delitos que no prescribieron, como fue el robo de niños.

Se barajan 500 robos de bebés pero no llegan a los 30 y ninguno cometido por personal militar, dijo muy tranquilo Bignone, cuando ya las Abuelas han rescatado 101 nietos, que habían sido ilegalmente apropiados y hay cientos de familiares anotados, que buscan a los suyos.

Los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros consideraron a Bignone coautor penalmente responsable de allanamientos ilegales; del robo agravado por el uso de armas; privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y amenazas; y la imposición de tormentos agravados durante 1976 y 1978 en el centro clandestino Campo de Mayo.

Benito Bignone asumió la presidencia del régimen entre julio de 1982 y diciembre de 1983, fecha en que entregó al gobier-no al ex presidente Raúl Alfonsín, el primero de la recuperación democrática.

Había sido condenado durante los históricos juicios a la Junta militar de 1985 y fue beneficiado por los indultos del ex presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990.