Al menos 15 personas resultaron lesionadas, la mayoría por pedradas, durante una gresca en la Convención Estatal Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, en la cual se elegían candidatos a diputados plurinominales.

La reyerta se originó cuando supuestos delegados del sol azteca intentaron ingresar al salón Quinta Balbina, en el municipio de San Sebastián Tutla, conurbado a la capital, pero los vigilantes les negaron el acceso.

Los presuntos delegados, encabezados por Roberto López Rosado, ex alcalde de Juchitán de Zaragoza, acusaron a la dirigencia estatal de premiar a sus incondicionales con los primeros lugares de la lista.

Entre los supuestos aspirantes favorecidos están el ex diputado local Tomás Basaldú y Aleida Serrano, hija del ex legislador y actual presidente del Consejo Estatal perredista, Rosendo Serrando Toledo.

Los lesionados fueron atendidos en un hospital privado de la ciudad de Oaxaca.

En Yucatán, el subdirector de capacitación del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, Daniel Rochel Novelo, fue suspendido dos meses sin goce de sueldo por participar en actividades proselitistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con miras a los comicios del 16 de mayo, cuando se renovarán el Congreso local y 106 alcaldías.

El consejero presidente del organismo, Fernando Bolio Vales, explicó que el representante panista, Orlando Pérez Moguel, demostró con documentos, fotografías y videos la participación de Rochel Novelo en mítines de candidatos del tricolor a diputados en los siete distritos de Mérida, y la organización de reuniones en su domicilio.

En Veracruz, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que Javier Duarte Ochoa, abanderado de la alianza PRI-Partido Verde Ecologista de México (PVEM), gastó en su precampaña 300 millones de pesos.

Por otra parte, Yunes Linares tiene 20 días para responder una demanda interpuesta por el publicista Juan José Rendón por difamación y daño moral, de la que el afectado espera una compensación económica.

En una carta que circuló ayer en la sede nacional del PRI, se explica que la denuncia se presentó en Estados Unidos porque el ex funcionario federal, vinculado a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, posee un condominio de lujo en 1155 Brickell Bay Drive 3111, en Miami, Florida.

Con información de Ciro Pérez