La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la denuncia interpuesta por familiares de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, quienes esperan que el organismo internacional acepte el caso y en breve inicie la investigación y deslinde responsabilidades.

En la reunión mensual que desde hace cuatro años realizan familiares e integrantes de 20 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos fuera de las oficinas de Grupo México, para exigir el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, se informó que la denuncia en la CIDH quedó registrada con el número P-178-10 y que está en estudio.

El grupo de familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG) asentó: queremos demostrar que las empresas pueden convertirse en violadoras de los derechos humanos.

Trinidad Sandoval Cantú, madre de uno de los mineros que murieron el 19 de febrero de 2006, agradeció el apoyo y sostuvo que los familiares de los trabajadores continuarán manifestándose hasta lograr que se haga justicia.

Los integrantes de la ONG destacaron que las familias de los mineros han superado la tristeza y el desánimo, y continúan su lucha contra la sordera de Minera México, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de los tribunales del fuero común y del federal.

Estamos en el mismo camino de otros casos de violación de derechos humanos que han acudido a la CIDH, entre ellos los casos del Campo Algodonero y el de Radilla Pacheco, los cuales obtuvieron una respuesta a su favor y eso constituye un aliento para nosotros.

Durante cuatro años, los deudos y las ONG han sostenido que la tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso, sancionar la cadena de negligencias e incumplimientos a las normatividades de la seguridad laboral cometidas por Grupo México, propietaria de la mina siniestrada localizada en Coahuila.

Ayer, el grupo se pronunció en contra de la propuesta de reforma laboral que presentó la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y que respalda Javier Lozano, secretario de Trabajo y Previsión Social. Dicha iniciativa de ley es negligente y omisa, pues no erradica de fondo los problemas con la inspección del trabajo y legaliza el contratismo. Recordaron que la mayoría de los mineros fueron contratados por General de Hulla, la cual nunca se responsabilizó por lo ocurrido. Legalizar a los contratistas sólo asegurará su irresponsabilidad, aunque digan querer evitar sus abusos.