Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirán este mediodía el documento relacionado con la cédula de identidad-credencial de elector que les fue circulado el fin de semana y contiene cuatro opciones para superar la dualidad entre ambos documentos. En la presentación de los escenarios posibles se incluye la firma del convenio con la Secretaría de Gobernación, la creación de un instituto autónomo que maneje los datos de identidad ciudadana y reformas legales que consoliden en el IFE estas tareas.

En principio, los consejeros deberán alcanzar un acuerdo sobre el nuevo documento que posteriormente se entregaría a los representantes partidistas para su discusión y posible respaldo, previo a su entrega a las cámaras de Senadores y Diputados. En las propuestas se mencionan costos económicos y las implicaciones administrativas de cada una de las alternativas que se encuentran a discusión.

Un solo documento

En la propuesta que presentará formalmente la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) se citan los esquemas usados en América Latina y en España. Salvo en Brasil, en los demás casos se utiliza un solo documento de identidad y para ejercer el voto, como pretende el IFE para México.

No obstante, la diferencia es que en todos los casos los ministerios del Interior o instancias gubernamentales son las que tienen la facultad de expedir los documentos de identidad nacional. Sólo en Costa Rica la autoridad electoral tiene injerencia en el manejo de ese documento.

Las cuatro opciones que recoge el documento comienzan con la que ha detonado la polémica con partidos y Congreso: la posibilidad de un convenio entre el IFE y Gobernación para manejar conjuntamente la expedición y administración de las bases de datos. Este escenario parte del supuesto de que el marco jurídico permanecerá inalterable y que, por tanto, será el acuerdo bilateral lo que rija el esquema de expedición del documento.

La segunda ruta es que el RFE maneje la información del registro nacional ciudadano, lo cual implicaría algunas reformas legales, aunque faltaría definir los alcances de actuación del Registro Nacional de Población.

En la tercera alternativa se recoge de alguna manera el escenario sugerido en la iniciativa de reforma electoral promovida por la fracción del PRI en el Senado, en el cual se sugiere la creación de un instituto autónomo que maneje la información de identidad ciudadana. Esto implicaría la posibilidad de que información del padrón electoral pasara a la administración de este organismo, lo cual sería la opción más costosa y que mayores repercusiones tendría en la estructura del IFE, pues casi 40 por ciento del organismo electoral podría pasar al nuevo instituto.

Finalmente, la que podría ser la alternativa más viable es la reforma legal que adecuara la expedición del documento de identidad, asignándole al IFE las tareas de expedición y el manejo de las bases de datos.

En principio, sobre estas bases discutirán este mediodía los consejeros electorales para alcanzar el consenso sobre un documento que se discutirá posteriormente con representantes partidistas y del Poder Legislativo, los cuales serían convocados por el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés.