El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Juventino Castro y Castro, planteó que el Poder Legislativo emprenda una reforma en materia de medios de comunicación que, sin restringir las garantías informativas, determine las condiciones para que éstos no puedan influir en política.

Los medios masivos en México votan; es una realidad que no debemos negar, y votan porque influyen en las preferencias políticas, afirmó al inaugurar en San Lázaro el foro Reforma política, ¿sin reforma de medios?

El tamaño de la presión

El vicepresidente de la mesa directiva, el perredista Jesús Zambrano, advirtió que los legisladores no cederán a las presiones y los chantajes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en el momento de votar una ley de medios de comunicación.

Ya vimos el tamaño de la presión que se va a dejar venir, con la publicación de los desplegados en nombre de la CIRT, que califican de antidemocrática la iniciativa y de pretender establecer mecanismos de control autoritario a los medios, señaló.

Explicó que la diputación perredista defenderá una reforma integral de medios en la que se dé certeza jurídica a todos los sectores involucrados en las telecomunicaciones y se fomente la competencia y la pluralidad de los medios.

Durante el foro, el diputado petista Jaime Cárdenas denunció que la compra de publicidad de los gobiernos federal y de algunos estados en radio y televisión genera todo un abanico de corrupción y también propicia, desde luego, la cooptación y la influencia indebida de los poderes fácticos en los asuntos públicos del país.

Consideró poco probable que, como parte de la discusión de una ley de medios, las grandes empresas de radio y televisión y los gobiernos acepten prohibir la compra de espacios para promoción de programas públicos.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, la perredista Esthela Damián Peralta, expuso que en 2006 el gobierno de Vicente Fox gastó mil 335.5 millones de pesos en servicios de comunicación social y publicidad, que se destinaron en su mayoría a promocionales en radio y televisión.

Las cifras oficiales entregadas a la Comisión de Vigilancia señalan que la oficina de comunicación social del gobierno no contaba con mecanismos de control para llevar registros y que el procedimiento de autorización de las campañas en radio y televisión carecía de mecanismos de control, refirió.

La presidenta de la comisión especial que da seguimiento a las agresiones a periodistas, la panista Yolanda Valencia, advirtió que una reforma en materia de medios de comunicación estaría incompleta si no se incluye un apartado de protección y defensa de los comunicadores.

Anunció que la comisión que preside presentará una iniciativa para incluir en la Constitución el derecho de los reporteros al secreto profesional, como ya ocurre en Chihuahua y Morelos.

Refirió que esa comisión tiene un registro de 104 homicidios de periodistas entre 1983 y 2010, 12 desapariciones forzadas y nueve secuestros. Informó que sólo en 2008 fueron asesinados 12 y dos desaparecidos.

Lo que permite que aumenten la violencia contra personas e informadores es la impunidad, que se recrea en sistemas judiciales incapaces de impartir justicia, expresó.