La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), conformada por todos los organismos de acceso a la información del país, medirá el avance de la transparencia en los gobiernos federal, estatales y municipales, incluyendo los poderes Judicial y Legislativo, así como de las entidades autónomas.

Como hace unos años, el estudio será elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Esta vez se propone que abarque los 33 institutos de acceso a la información en el país y evalúe las legislaciones en materia de transparencia, incluyendo la calidad de cada una.

El estudio anterior se efectuó a petición del Instituto Federal de Acceso a la Información Publica (IFAI), en el marco de la reforma al artículo sexto constitucional, que garantiza la máxima publicidad de la información en el sector público.

El que está en ciernes –y se denominará Métrica de la transparencia en México: diagnóstico del acceso a la información pública– involucra las leyes estatales que han sido modificadas tras la reforma constitucional, excepto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pendiente en el Congreso desde 2007.

El primer estudio inicialmente enfrentó algunos desacuerdos por la metodología, además de que hubo un muestreo no probabilístico, lo cual impedía estimaciones nacionales. En esta segunda edición se hizo una reformulación de la metodología, para que se asegure la validez y comparabilidad de los datos, según la Comaip.

Entre otros puntos, se contempla la evaluación de cada estado y de la Federación, para lo cual se tomarán como base los criterios contenidos en sus propias leyes de transparencia. De esta forma se trata de eliminar probables desventajas que pudieran tener algunas entidades sobre otras.

Asimismo, se evaluarán los portales de transparencia de los tres municipios con mayor población de cada entidad federativa, y para hacer viable la comparación con el primer estudio de la métrica del efectuado en 2007, se tomará como punto de referencia la normatividad de cada instituto de transparencia de los estados.

En caso de que no se especifiquen criterios en alguna norma, el CIDE utilizará estándares generalmente aceptados; por ejemplo, para evaluar la facilidad de acceso a temas que por ley se difunden en el portal de transparencia, se utilizará como criterio que el usuario pueda acceder a la información en no más de cinco clics. Además, se elaborará una matriz que identifique las variables y criterios contenidos en su respectiva ley.

La calidad de cada una de las leyes se medirá con base en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también elaborado por el CIDE en 2007, para determinar el grado de desarrollo normativo que presentan.

El estudio se desarrollará durante 133 días y concluirá el 16 de agosto próximo, cuando el CIDE presente los resultados a la Comaip.