Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) insisten en apoderarse de al menos 27 hectáreas del santuario del agua y forestal Lago de Guadalupe, parte del parque Ignacio Pichardo Pagaza. en Cuautitlán Izcalli, estado de México.

La diputada federal Maricela Serrano reclama esas tierras para 500 familias afiliadas al Movimiento Antorchista Nacional (MAN), pero la alcaldesa Alejandra del Moral sostiene que son para ciudadanos de la localidad. Por lo pronto, la policía estatal custodia los terrenos.

No cederemos ni un centímetro e impediremos que quienes no son del municipio se adueñen de tierras que no les pertenecen, advirtió Del Moral.

En entrevista, informó que su gobierno, en coordinación con la Agencia de Seguridad Estatal, se prepara para evitar una invasión en la franja G del lago de Guadalupe por de al menos 30 mil antorchistas. Dijo tener apoyo de la dirigencia estatal del PRI y de diputados del tricolor.

Antorchistas anunciaron la semana pasada que ocuparían tierras colindantes al lago y protestarían por un desalojo realizado el 6 de abril, donde se detuvo a por lo menos 40 personas.

La diputada federal priísta Serrano, dirigente estatal del MAN, expuso en un comunicado que la presidenta municipal violó un acuerdo firmado por su organización y el Instituto Mexiquense de la Vivienda, dependencia que se comprometió a regularizar lotes a las 500 familias antorchistas.

El secretario general de Gobierno estatal, Luis Miranda, fue testigo de ese acuerdo, que se rompió cuando Del Moral desalojó a antorchistas instalados hace más de 15 años en la zona.

La presidenta municipal y seudoejidatarios pretenden hacer de ese terreno de 245 hectáreas un parque ecoturístico privado, acusó la diputada.

El Movimiento de Antorcha Nacional distribuye desde la semana pasada panfletos en los que acusa a la alcaldesa y a su padre, Ismael del Moral, de tener intereses en las tierras, y exigieron respetar el asentamiento.

En León, Guanajuato, residentes originales y dueños de terrenos en la colonia Villa de León, quienes han sido desalojados a causa de una rescrituración hecha recientemente por el ayuntamiento, aseguraron que esta medida ha favorecido a militantes panistas que poseen escrituras posteriores a una expropiación de 1991.

Los inconformes se reunieron ayer con el director del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), Juan Pablo Luna Mercado, a quien advirtieron que no van a entregar su patrimonio. El funcionario les sugirió demandar al Imuvi para un que juez determine si los nuevos reclamantes tienen derechos.