La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los organismos cúpula de la industria automotriz insisten en que se aplique una nueva verificación –adicional a la que ya se debe cumplir–, para revisar las condiciones fisicomecánicas de los automóviles con más de cuatro años de antigüedad que circulan por las carreteras del país.

En caso de aprobarse, la nueva norma obligaría a los propietarios de dichos vehículos (que representan 76 por ciento del parque vehicular mexicano) a pagar una verificación anual con un costo de 148 pesos, mientras para aquellos autos con más de 10 años de antigüedad el pago sería de 296 pesos y se tendrían que verificar dos veces al año.

En diciembre de 2009 la SCT envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de norma oficial mexicana (NOM) 031, en el que se establecen los dispositivos mínimos de seguridad que deben cumplir los vehículos que circulan en las carreteras federales.

Entre otras cosas, con esta norma las autoridades entrarían a revisar los frenos, la dirección, el volante, el grado de visibilidad en los parabrisas, el número de faros, la instalación eléctrica y la batería, así como la presencia de fugas en mangueras, entre otros aspectos.

No obstante, a finales del mes pasado, luego de analizar la información de la SCT, la Cofemer rechazó el anteproyecto, entre otras cosas porque no se había demostrado que los particulares tuvieran la obligación de realizar una verificación para demostrar que sus vehículos están en buenas condiciones.

El 5 de abril pasado la SCT se inconformó con la decisión y solicitó la intervención de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como señala un acuerdo de calidad regulatoria firmado por el Ejecutivo en febrero de 2007.

En entrevista, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, confió en que en seis meses se concrete la nueva norma, que calificó de positiva, debido a que, dijo, ayudará a que se renueve el parque vehicular.

Explicó que la medida provocaría que quien tenga un auto modelo 98, por ejemplo, lo deba cambiar por uno 2002, mientras el dueño del último podría comprar un 2006, etcétera, de modo que haya movilidad, principalmente en el mercado de los usados.

El parque vehicular está rígido, pasmado y hay un exceso de oferta. Tenemos que sacar del mercado aquellos autos que no cumplen con la normatividad para ir sacando la basura del parque vehicular, no hay otra, señaló.

Esta semana se reunirá el comité que analizará la medida, el cual está integrado por un representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, un representante de la Cofemer y un representante de la SCT.

Fracasa chatarrización

El Programa de Renovación Vehicular, proclamado por el gobierno federal como uno de los principales instrumentos para enfrentar la crisis económica, lleva 39 por ciento de la meta fijada en el doble de tiempo previsto.

En los siete meses que lleva el programa, siete empresas automotrices vendieron 13 mil unidades, pero el objetivo era comercializar 33 mil en un trimestre.

Para Solís, los resultados del Programa de Renovación Vehicular son modestos y descartó que haya una segunda fase.

Fue un proyecto piloto que concluirá en las próximas semanas, dijo, y demandó que la experiencia sirva para que Ejecutivo federal y el Poder Legislativo elaboren un programa de renovación vigoroso y fuerte, que incluya la reducción de las cargas fiscales en la compra de vehículos nuevos como han hecho con éxito los gobiernos de Coahuila y Querétaro.

A la fecha, algunas de las empresas automotrices no han ejercido todos los fondos que les entregó la SE para promover entre la población la compra de automóviles nuevos.