Hace dos años, autoridades de Guerrero detuvieron de manera injustificada a Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), por un delito que no cometió. La noche de ayer, cuando se cumplieron dos años de su aprehensión, activistas de Amnistía Internacional (AI) se manifestaron en la sede del gobierno de esa entidad en la ciudad de México para demandar su liberación.

Sobre las paredes del inmueble se proyectaron casi mil fotografías provenientes de 20 países en los que integrantes de AI han demandado la liberación de Hernández.

El miembro de la OPIM está recluido desde el 17 de abril de 2008. En noviembre de ese año, AI lo declaró preso de conciencia.

Las acusaciones en su contra son en realidad una represalia por sus actividades legítimas en defensa de los derechos de su comunidad y por exponer abusos de un cacique, así como de las autoridades del municipio de Ayutla de los Libres, se dijo.

Los activistas consideraron que este caso es un ejemplo del indebido uso de la justicia contra luchadores sociales, lo que es práctica común en México.