En los próximos días el juzgado décimo de distrito determinará si acepta la demanda de amparo que presentaron recientemente más de 620 vecinos de la Magdalena Contreras contra el programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal.

La acción legal es parte de la defensa jurídica de quienes se oponen a la construcción de la supervía.

Luis Miguel Cano, codirector de Litiga Ole, explicó que el juzgado puede pronunciarse en tres sentidos: admitir el recurso, rechazarlo o determinar una prevención –advertir a quienes solicitaron el amparo que hacen faltan documentos–, y dar tiempo para que se aporten más pruebas.

El expediente, de más de 6 mil hojas, no es una demanda colectiva, pues a decir del abogado, son más de 600 querellas individuales cuyos intereses homogéneos las hacen acumulables.

Entre los derechos que se asegura fueron violentados por el gobierno capitalino se encuentran de información y participación directa en asuntos públicos, además de haber afectaciones a la vivienda y al medio ambiente.

El codirector de Litiga y ex colaborador de Fundar confió en que el recurso sea aceptado, aunque advirtió que en caso contrario acudirán al tribunal colegiado de circuito.

En torno a ley de expropiaciones que señala que en caso de utilidad pública no se puede determinar la suspensión del acto de autoridad, el abogado dijo que dicha normativa contraviene tratados internacionales que han sido firmados por el Estado mexicano.

Por último y ante la afirmación por parte de las autoridades de que hay un avance en el pago de indemnizaciones, Luis Miguel Cano aseguró: nuestra defensa va más allá. La aceptación de ésta es una posibilidad y le hemos dicho a quienes recibieron el aviso de notificación que pueden desistir del amparo e ir por la indemnización, pero que no lo vean como una graciosa concesión ya que es un derecho. Nuestra posición es mucho más amplia porque incluimos a más personas, argumentamos, entre otras cosas, afectaciones al entorno y el tema de participación efectiva porque los vecinos no fueron consultados antes de que se aprobara el proyecto vial.

Al respecto la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, reiteró que el vecino afectado por la expropiación en este momento no tiene acción jurídica. Hay un abogado que considera que sí hay manera, vamos a esperar a que se nos notifique para ver cómo se planteó, pero jurídicamente los únicos que tendrían legitimidad procesal serían los afectados, que están muy identificados.

Señaló que el Gobierno del DF está trabajando con los afectados por la expropiación y estimó que se lleva un avance de más de 40 por ciento de peticiones de indemnización de los vecinos. El miércoles se dieron más de treinta avalúos y se expidieron los primeros cheques, además del que se dio hace una semana.

La consejera jurídica detalló que de los 126 predios expropiados, 50 se encuentran en la zona de Tarango y son rurales; en La Malinche la mayoría son viviendas unifamiliares, con más de dos o tres familias serán como 20 por ciento. El caso más grave resultó uno con 10 viviendas, pero el propietario sí había realizado contratos privados con todos los que aquí vivían y lo que nos pidieron en ese caso fue que se dividiera el pago y así se está haciendo.