ILUSTRACIÓN: Diego Rivera

La tierra y sus usos

Alejandro Cruz Juárez

A Carlos Montemayor, por sus enseñanzas

El territorio nacional tiene una superficie de 198 millones 512 mil 363 hectáreas, de las cuales 101 millones 937 mil 176 están en manos de poco más de 30 mil ejidos y comunidades, en donde se encuentran 80 por ciento de selvas y bosques, 74 por ciento de biodiversidad y dos terceras partes de los litorales.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades y los ejidos se encuentran en la pobreza y carentes de infraestructura (hospitales, escuelas, carretera). La pregunta es ¿no tiene valor la tierra de la que son dueños?

¿Quién aprovecha los recursos que el gobierno dice destinar al campo?, “el presupuesto más alto en la historia de México”. ¿A quiénes llega realmente este presupuesto? Trataremos de responder.

En la Colonia la única empresa que floreció fue la minería. La prosperidad de España y de Europa se debió en gran parte a la plata que recibía de la Nueva España. Hoy con gobiernos elegidos democráticamente¿?, la minería vuelve a florecer en nuestro país, con las mismas prácticas depredadoras: envenenamiento de agua, de suelos, de atmósfera, por el ruido, y destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosiones con dinamita, y la autoridad brilla por su ausencia. Un caso emblemático es la Minera San Javier, en la capital del estado de San Luis Potosí; a pesar de los amparos ganados para que detenga su explotación, la empresa de origen canadiense se burla de nuestras leyes, sabiendo que cuenta con la complicidad de las autoridades.

Y no podemos dejar de mencionar el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente de la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) –la cual se opone a las actividades de la minera canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo–, perpetrado el pasado 27 de noviembre 2009.

En el caso de los desarrollos turísticos en nuestras playas, el despojo con la complacencia de las autoridades es una constante, como es el caso de los habitantes del poblado de San Antonio Ebula en el estado de Campeche, que fueron desalojados de predios que tenían en posesión desde hace 40 años, por un grupo de golpeadores, presuntamente pagados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien fue suegro del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.( La Jornada, 15 de agosto, 2009), y las autoridades en lugar de actuar conforme a derecho, protegieron al empresario. Éste es solamente un caso, pero en la construcción de desarrollos turísticos, los que menos cuentan son los dueños de la tierra, y la represión es un hecho cotidiano.

En cuanto a las unidades habitacionales, que hoy vemos crecer alrededor de las grandes ciudades, se edifican en tierras ejidales, sin ninguna planeación, sin considerar la falta de servicios, principalmente del agua, que hoy es otro de los grandes problemas que enfrentamos debido al agotamiento de los mantos freáticos. Quienes impulsan las construcciones de unidades solamente consideran el lucro, no les importa qué pasará después.

Otro uso actual del suelo es la producción de agrocombustibles. Se ha anunciado la construcción de plantas procesadoras en Sinaloa, Chiapas y Veracruz, al igual que los permisos para las siembras de maíz transgénico. Ambas cosas van de la mano ya que una de las tecnologías para la producción de agrocombustibles utiliza el maíz como materia prima, y como siempre el negocio está en la exportación del combustible.

Y la producción de alimentos, que es el principal uso que debería de tener la tierra en nuestro país, como nos podemos dar cuenta, está olvidada de los programas oficiales, tan metidos en sus negocios de producción de agrocombustibles, siembra experimental de maíz transgénico, explotación minera y los grandes desarrollos turísticos en nuestras playas, mientras los campesinos e indígenas se van del país en busca de los recursos que se les niega aquí, para mejorar las condiciones de vida para ellos y sus familias. En el sexenio foxista se fueron dos millones, y en éste ¿será una cantidad igual?

Tal parece que piensan que con la importación de alimentos se podrá cubrir la demanda interna. Por eso hoy le están dando otro uso a la tierra, dicen que lo que deje más ganancias, pero quienes mal dirigen al país ni siquiera están enterados de lo que sucede en otras regiones del mundo: países como China, India y los del Medio Oriente están adquiriendo tierras en África, Asia Central, Rusia, América del Sur y Asia sudoriental, para la producción de alimentos, ya que se han convencido de que el mercado no será capaz de resolver el sustento de su población (la información se puede encontrar en http://www.grain.org/briefings/?id=214).

Hoy que el gobierno de Felipe Calderón promueve los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, los pueblos indígenas no tienen nada qué festejar, a pesar de haber sido actores principales en estas luchas.

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

La tierra: Nuestra madre María de los Ángeles Muñoz G. Cada pueblo, cada cultura posee un sentido profundo, simbólico y mítico en su relación con la tierra; en un continuo devenir de lo abstracto a lo concreto y viceversa, esta relación recrea integralmente la vida cotidiana en el ámbito rural. La tierra juega un papel central en la vida de los hombres y las mujeres como elemento de identidad y como espacio simbólico. En la cosmovisión totonaca la tierra tiene varias acepciones: es Katiyatnit el territorio donde habitamos todos, donde nacemos, vivimos y morimos. Es tiyat , la tierra que pisamos, la porción donde nacemos y nos establecemos. A la tierra se le debe respeto porque es la que nos da de comer, es Kimpakatsikan (nuestra madre) a quien se le identifica con un ser divino femenino, omnipresente. La mujer en la cosmovisión indígena era tratada con respeto porque constituía parte esencial para la reproducción social, cultural y biológica. Se celebraban ritos, costumbres y ceremonias en la que jugaba el papel central. La mujer está vinculada con la madre tierra, sin ella no había producción ni reproducción cultural. Se expresa en vínculo simbólico mujer-tierra, mujer-semilla y mujer-madre. La vida del ser humano es explicable biológica y socialmente; sin embargo, para los y las indígenas totonacas es uno de los acontecimientos más importantes y de gran cuidado, donde la vida del niño o niña necesita algo más allá del cuidado “normal” que sus padres puedan darle, necesita de la protección divina. La partera al recibirlo realizará “el costumbre” invocando a Makgtakalhná, que son las enanitas, las cuidanderas de los chiquitos que nacen. Estas madres se encuentran fuera de la tierra. Es algo que anda flotando por el oriente. Cuando un niño o niña nace, el primer acto ritual es ofrendar a las madrecitas. Por esto, el ombligo del niño o niña se cuelga en la rama de un árbol cuya dirección esté hacia donde nace el sol, hacia el oriente. O “si los papás quieren que su hijo sea bueno para la pesca, su ombligo lo llevarán a la rama de un sauce junto al río, hasta que se seque y ahí se quedará. Ese niño será un buen pescador”. Las mujeres paren en un petate sobre el suelo; a los seis días (seis es la mitad de las doce madrecitas que forman el makgtakalhnan ) se celebra el levantamiento y con sumo cuidado se levanta la tierra donde nació el niño o niña, para depositarla en una cubeta y que no sea pisoteada por nadie, ahí se quedará, hasta que nazca otro hijo. En el levantamiento se hace el lavado de las manos y se ofrenda un guajolote a la tierra y a Makgtakalhná. Si en la familia alguien se enoja o se pelea, el niño puede enfermar y morir pronto. Por lo tanto, para recuperar la armonía se reunirá a la familia y los padrinos para celebrar el rito que asegure la salud y las buenas relaciones entre la familia y con la comunidad. La creencia, la costumbre, el rito se vuelven parte de la vida cotidiana, se integra al todo, en la relación entre los miembros de la familia y la comunidad, se asegura la reproducción y el sustento desde el momento en que se nace, como aquel que puede ser un buen pescador o la niña que cuidará el fuego y el hogar. Es necesario comprender el pensamiento indígena, en el que una roca o un árbol permite construir una lógica distinta y por consiguiente mantener una forma de vivir y relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos con mayor respeto. Es determinante para nuestras sociedades recuperar la valoración de dos centros de la vida y la reproducción: la tierra y la mujer. Sobre todo hoy día cuando en la lucha diaria contra el control y poder masculino la mujer indígena tiene que librar la peor parte, superando esa triple discriminación por ser indígena, ser pobre y ser mujer. Luchar por la tierra también significa luchar por la mujer, significa comprometernos a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres para lograr el equilibrio y la armonía, en la que todas y todos tenemos voz y derechos y somos constructoras y constructores de la historia. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Certificada, más de 90% de la tierra ejidal y comunal

• Núcleos agrarios pendientes quieren regularizar, pero el presupuesto es escaso: Procuraduría Agraria

ILUSTRACIÓN: Diego Rivera

Entre 1993 y 2006 el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) regularizó 93 mil 132 mil 667 hectáreas otorgando certificados a los ejidatarios o comuneros integrantes de 28 mil 757 núcleos agrarios. Con ello, cubrió 90.4 por ciento del total de núcleos y más de 91 por ciento de la superficie social del país.

El Procede puso en 2006 punto final a su labor, y a partir de 2007 surgió el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) que busca certificar a los núcleos que quedaron pendientes. El problema es que Procede contaba con un presupuesto federal anual de unos dos mil millones de pesos, y el Fanar sólo tiene 17 millones por año.

Entre 2007 y hasta febrero de 2010 el Fanar ha regularizado 219 núcleos con una superficie de 456 mil 198 hectáreas, pero si su presupuesto se mantiene escaso “yo creo que en 200 años terminaremos de regularizar, pues el costo por ejido va de 300 mil a un millón de pesos”, señala Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria (PA).

“Si el Congreso (de la Unión) no nos autoriza más recursos, vamos a trabajar hasta donde alcance la gasolina”. La PA ha cabildeado infructuosamente con diputados para incrementar los presupuestos de Fanar.

Entre los ejidos que no entraron al Procede se cuentan muchos que estaban inmersos en procesos judiciales , y hoy ya concluyeron sus controversias. También están 393 núcleos agrarios que durante toda la vida del Procede manifestaron rechazo a ser regularizados. A los que hoy quieren entrar a Fanar, “les decimos, fórmate, vas a la fila”, o también está la opción de buscar su regularización con una empresa particular, la cual deberá cuidar las técnicas de medición.

El objetivo declarado del Procede fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra por medio de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según el caso, así como títulos de los solares a favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios.

La ejecución del Procede fue responsabilidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de la PA, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Registro Agrario Nacional (RAN). El Fanar lo operan sólo la PA y el RAN. El RAN realiza lo que era responsabilidad del Inegi (que hacía el posicionamiento satelital) pero con la gran limitante de la escasez de recursos.

Según el procurador agrario, lo costoso de la certificación radica en que son muchos los pasos que deben darse para hacer la medición clara de los predios. “Hay que llevar peritos, ingenieros, hacer el posicionamiento satelital, pagar viáticos, gasolina, pues hay que ir al ejido no una sino diez veces o más; también está la generación de documentos, la realización de asambleas de información y de aprobación; hay que llevar el borrador, corroborar que no haya errores”.

El procurador precisó que hay casos de campesinos que carecen aún de su certificado, porque, aunque sus predios están medidos y regularizados, hay algún asunto que detiene la entrega del certificado, como puede ser que la persona carezca de su acta de nacimiento, o que hay algún error en algún dato del documento. Pero el hecho es que la tierra ya está regularizada.

Dijo que cuando el Procede comenzó a certificar hubo expresiones de temor de que la tierra iba a privatizarse, y no ha sido así. Según estadísticas del RAN, sólo unos dos millones de hectáreas han pasado de propiedad social a privada, y esto es básicamente porque las áreas donde se encontraban los poblados de los ejidos fueron escriturados y se les sacó de la operativa ejidal; pasaron a ser propiedad privada (LER).

Las secuelas del Procede

Daniela Griego Ceballos

El 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que reguló la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), como resultado de la reforma constitucional al artículo 27 constitucional, donde se estableció el fin del reparto agrario y se sentaron las bases para la privatización del ejido y los bienes comunales.

El Procede fue ejecutado por la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Registro Agrario Nacional (RAN). Desde los inicios, su aplicación estuvo acompañada de una fuerte campaña de promoción donde se resaltaban sus “bondades”, argumentando que con el Procede se certificaban los derechos agrarios y se daba certeza jurídica al campo. Sin embargo, con esto se disfrazó la verdadera intención del programa, que era desaparecer la propiedad social de la tierra, para volverla una mercancía; pero a pesar de los muchos intentos y recursos gubernamentales invertidos en la operación, esto no ha sucedido en la magnitud ni en el tiempo que se esperaba.

Según información contenida en la página web del RAN, el Procede concluyó en noviembre de 2006, y sus resultados más importantes fueron: la certificación y titulación de 28 mil 757 núcleos agrarios, de un total de 31 mil 201 que hay en el país, lo que representó un avance del 92.16 por ciento, abarcando cuatro millones 445 mil 213 familias campesinas, a quienes se les generaron poco más de 9.5 millones de documentos agrarios. Una gran parte de los ejidos sin regularizar se localizan en los estados de Chiapas y Oaxaca, debido entre otras razones a la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas frente al Procede.

Del universo de ejidos incorporados al programa, según datos del RAN de diciembre de 2008, tres mil 115 núcleos agrarios habían adoptado el dominio pleno de parcelas ejidales, cifra que representa alrededor del 10 por ciento del total; los estados con más núcleos agrarios que pasaron a dominio pleno fueron Guanajuato con 331, Jalisco con 214, Veracruz con 183, Coahuila con 179 y Sinaloa con 163.

En los 13 años de su aplicación, el Procede pasó de ser un instrumento técnico agrario del gobierno a una estrategia política para ir desmembrando la vida ejidal y comunal en México, y son muchos los casos de ejidos y comunidades en el país que evidencian esto. Además este programa dejó una serie de secuelas que han provocado y agudizado conflictos agrarios, sociales, culturales, y ambientales. Algunos problemas e irregularidades en la aplicación del Procede se pueden caracterizar de la siguiente manera:

Agrarios: Linderos encimados entre parcelas y núcleos, certificados y títulos de solar pendientes de entregar, documentos con errores evidentes, miles de hectáreas sin asignar, parcelas mal asignadas, acaparamientos internos legalizados, violaciones a los reglamentos internos de los ejidos y comunidades, no reconocimiento de parcelamientos económicos, padrones de ejidatarios alterados, superficies no medidas.

Sociales: Asignación de parcelas a personas sin derecho, conflictos entre colindantes, conflictos entre sucesores, no asignación de derechos a posesionarios y avecindados, división de las asambleas, debilitamiento de la vida interna de los ejidos y comunidades, desincorporación de la zona urbana del ejido, acaparamiento y especulación de empresas inmobiliarias.

Culturales : Desaparición de formas de trabajo y de propiedad colectiva de la tierra, cambio de dinámica y de formas de toma de decisiones y tiempos en las asambleas comunitarias, exclusión de la toma de decisiones de avecindados y posesionarios.

Ambientales : Reparto de las tierras de uso común, medición de territorios de selva, bosques y montaña, adjudicación a particulares de nacimientos de agua, explotación desmedida de zonas arboladas.

Al final del Procede no existió o no se dio a conocer una evaluación gubernamental de los impactos positivos y negativos del programa, así como los pendientes y las consecuencias que dejó en el campo mexicano. Sin embargo, al año siguiente en el 2007, se inició el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), con el fin de continuar los trabajos de certificación y titulación en los núcleos agrarios que no fueron incorporados el Procede.

Integrante de la Coordinación Estatal del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en Veracruz