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17 de abril de 2010 Número 31 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
 FOTO: Archivo MAÍZ Veracruz |
Problemas en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas
Ángel Pérez Silva
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La creación de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBLT) en Veracruz es parte de un proceso de protección y conservación de los recursos naturales de la región que data de 1936, cuando el gobierno federal establece la Zona Protectora Forestal Veda de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Catemaco, abarcando una superficie de 28 mil 500 hectáreas.
Después, en 1967 se funda la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” con una superficie de 700 hectáreas, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre 1979 y 1980 se decreta la Zona Protectora Forestal y Refugio Faunístico en las regiones de los volcanes de San Martín y Santa Marta. El 13 de noviembre de 1998, por decreto presidencial, se crea la RBLT abarcando 155 mil 122 hectáreas de territorio de ocho municipios de la región: Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan. Para su creación, en otros dos decretos expedidos por el gobernador de Veracruz del 13 y 19 de noviembre de ese mismo año, se expropian nueve mil 366 hectáreas de terrenos ejidales y seis mil 318 hectáreas de pequeña propiedad. El decreto abarca ocho ejidos, y tuvo como fin dedicar estas superficies a la conservación de un área natural protegida (información tomada del Programa de Conservación y Manejo de la RBLT).
Los ejidos expropiados fueron indemnizados con dos mil pesos por hectárea más el pago por bienes distintos a los de la tierra en algunos casos. Sin embargo, la mitad de los ejidos estuvieron inconformes con los montos y en general con el proceso de creación de la Reserva. Fue el caso de los ejidos Península de Moreno, Miguel Hidalgo, El Mirador del municipio de Catemaco, y Mazumiapan y el Poblado Nuevo México del municipio de Soteapan.
La creación de la Reserva de la Biosfera presenta de origen serias inconsistencias que a lo largo de los años han hecho surgir problemas que están aún sin solución y que se suman a problemas anteriores que afectaban a la zona:
Problemas ambientales: La deforestación y pérdidas de hábitat; sobreexplotación de recursos; uso de plaguicidas y agroquímicos; erosión de suelos; agotamiento del agua; aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y concesiones mineras.
Problemas productivos: Falta de alternativas productivas, sobreexplotación de zonas turísticas y grandes extensiones dedicadas a la ganadería.
Problemas agrarios: Concentración de tierras en manos privadas, asentamientos irregulares, resoluciones presidenciales no ejecutadas, constitución de colonias agrícolas y ganaderas, poblados con la amenaza de ser desplazados y reubicados, predios inexistentes que cobraron su indemnización, falta de un censo real de propietarios y ejidatarios en las zonas núcleo, falta de un deslinde a tiempo y real de las zonas de la Reserva.
Problemas sociales: Desarrollo urbano desordenado y concentración de población marginada, visión depredadora y falta de educación y conocimiento ambiental, confrontación entre ejidatarios y autoridades gubernamentales, nula consulta para la creación de la Reserva y para la expropiación de las tierras ejidales, falta de información y participación del manejo de la Reserva y de la situación agraria y legal de los ejidos.
Problemas administrativos: Falta de vigilancia, falta de coordinación entre dependencias gubernamentales estatales y federales, falta de planeación en el manejo de los recursos naturales, manejo a discreción de recursos económicos destinados a la Reserva.
Si algo hay que tener claro en cuanto a los casos de los ejidos expropiados en el proceso de creación de la Reserva, es que se violentaron algunos derechos de los pobladores de las zonas núcleo, además de irregularidades administrativas que se han cometido. Esto se debe en gran parte a:
–Que los pobladores y ejidatarios campesinos e indígenas no fueron consultados para la creación de la Reserva, y resultó un proceso impuesto no consensuado ni consultado y violó lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de consulta de los pueblos indígenas, y que en el caso de ser reubicados debería ser en tierras de la misma o de mejor calidad y con la misma superficie.
–La visión de conservación y protección de los recursos naturales por encima de las poblaciones campesinas e indígenas y no conjuntamente con ellas.
–La falta de voluntad y disposición de autoridades, funcionarios, investigadores a dialogar sus actos y decisiones con los ciudadanos implicados.
–La falta de reconocimiento gubernamental de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, ya que han sido éstos quienes primeramente han cuidado sus recursos porque han vivido por años y en algunos casos por siglos en la región.
–Que la creación de la Reserva fue más un acto político de parte de los gobiernos estatal y federal que ya se iban, que un verdadero acto de preocupación por el cuidado y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la región, al decretar una reserva y expropiaciones sin la debida planeación y transparencia, resultando predios expropiados sin dueños pero de los que se cobró la indemnización, propietarios que no les pagaron, ejidos que no se enteraron que fueron expropiados, pago de indemnizaciones por cantidades injustas, amenazas de desalojos, judicialización de la vigilancia y del cuidado de la Reserva (en algún tiempo se siguieron procesos judiciales contra campesinos de Nuevo México acusados por la tala de árboles), deslindes y ejecuciones de escritorio y mediciones que encimaron ejidos y propiedades privadas.
En 2005 Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) logró poner el caso en la agenda del gobernador Fidel Herrera, quien en una reunión en agosto de ese año con comisariados ejidales, representantes de MAIZ y el director de la Reserva, se comprometió a resolverlo durante su sexenio, se avanzó en la medición en campo y la elaboración de un nuevo padrón, y se propusieron una serie de mesas para la negociación con la dependencias, sin embargo hasta ahí se quedó, lo que evidenció una vez más que no hay voluntad política para resolver este conflicto. Es necesaria una propuesta de solución integral que abarque lo agrario, lo ambiental, lo productivo y lo social, que incorpore a los pobladores en la vigilancia y protección de la selva, y rompa con la visión conservacionista que ha prevalecido desde la creación de la Reserva.
Coordinador estatal de MAIZ en Veracruz
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 ILUSTRACIÓN: Josh Macphee & Favianna Rodríguez |
La ofensiva contra el movimiento social
Damián G. Camacho Guzmán
Desde 2000, con el PAN en el gobierno, la confrontación del Estado contra el movimiento social se ha agudizado y su escenario se ha trasladado a una arena de violencia política. Para ello se ha modificado el marco jurídico, se concibe la política de seguridad como prioridad nacional, se ha subordinado la política interna a la seguridad del imperio estadounidense y se ha lanzado una campaña mediática e ideológica que justifica y normaliza esa situación. Las razones son claras: la profundización de la mundialización capitalista en nuestro país, la búsqueda de legitimación del gobierno y la disputa por el poder político para afianzar la ideología clerical panista.
Así lo vivimos en el caótico 2006 cuando, en mayo, en el ataque al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, habilitaron a elementos del Ejército Mexicano como Policía Federal Preventiva (PFP) para emprender la ocupación y controlar a la población. En noviembre de ese año, para someter a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, también incursionó la PFP, pero la acción incluyó la intervención directa de la Marina, como un rasgo novedoso luego de la llegada al poder de Felipe Calderón. Poco después el gobierno federal anunció su espectacular guerra contra el crimen organizado, cuya finalidad ha sido militarizar al país y normalizar esa situación en el norte de México, en particular en Ciudad Juárez, y en Michoacán. El hecho significativo de esta escalada se dio cuando en octubre de 2008 el Ejército acudió a desbloquear las carreteras tomadas por el Movimiento Magisterial de Bases, junto con los padres de familia y varias comunidades del Consejo de Pueblos de Morelos, y lo mismo hizo en Puebla y Guerrero. De igual forma, en octubre de 2009 fue el Ejército el que tomó las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno anunció su extinción, con la finalidad de evitar la respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en diciembre de 2009 el gobierno federal ordenó una acción espectacular con la participación de fuerzas especiales de la Marina para asesinar a Arturo Beltrán Leyva.
El mensaje es claro, si antes había que cubrir los requisitos legales para vestir al Ejército de PFP, ahora no hace falta tomarse esa molestia, porque el Ejército ya está en las calles, mientras que para las acciones especiales y la confrontación con la protesta callejera generalizada es la Marina la principal aliada de Calderón. Lo que se ha venido gestando en los primeros años del gobierno ilegítimo son una serie de modificaciones legales como la reforma judicial que le da mayores facultades al ministerio público, a la Policía Ministerial o Judicial, a la seguridad pública y en particular a las Fuerzas Armadas, que rebasan el ámbito doméstico con la implementación del Plan Mérida o Plan México, además de las funciones en seguridad pública que poco a poco van copando altos mandos castrenses. El objetivo es la normalización de la presencia militar, la reducción y restricción de derechos humanos, así como la resolución de la problemática social vía la dominación pura y maciza mediante la confrontación militar.
Otro rasgo de la forma de confrontar a los movimientos sociales por parte del gobierno de Calderón es la represión selectiva, como una medida de la campaña de contrainsurgencia cuya finalidad es detectar y destruir a los miembros de los grupos, organizaciones y movimientos sociales para buscar neutralizar y desanimar la protesta social. La característica es que, para implementar la estrategia de contrainsurgencia, aparecen actores ajenos al aparato de seguridad del Estado. En todos ellos hay conflictos entre partes antagónicas (campesinos contra caciques o empresas), intracomunitarios (campesinos e indígenas contra iguales) y grupos paramilitares, guardias blancas y narco paramilitares contra guerrilleros o activistas.
Los ejemplos de la escalada de la represión selectiva son varios: en julio de 2009, en la comunidad tzotzil de Mitziton, en Chiapas, el Ejército de Dios, grupo paramilitar al mando de Carmen Díaz López, asesinó a Aurelio Díaz Hernández e hirió a cinco más, por la oposición que presenta esa comunidad a la construcción de la autopista que va de San Cristóbal a Palenque; en el movimiento que realizan en el pueblo nahua de Ostula, Michoacán, por la defensa de la tierra, la autonomía y la auto-organización con su policía comunitaria, denunciaron que de agosto a finales de 2009 han asesinado a ocho de sus miembros por conflictos con rancheros y grupos paramilitares a su servicio; nuevamente en Chiapas, el ataque a la organización Emiliano Zapata con el asesinato de dos de sus miembros en la detención de Chema, el atentado y las amenazas a los miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y a fines de noviembre, el asesinato de Mariano Abarca en Chicomosuelo, a manos de un empleado de la empresa minera canadiense Blackfire ; en Morelos, el asesinato de Miguel Pérez, comunero de Santa Catarina, Tepoztlán, por parte de los priístas vendedores de tierras comunales a principios de noviembre pasado; en Guerrero, el asesinato del Comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente a principios de noviembre a manos de narcosicarios al mando de los principales caciques del estado; en Chihuahua, el asesinato de activistas y familiares de activistas defensoras de la justicia por los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez.
En ningún caso aparecen ligados el gobierno federal, los gobiernos estatales o los municipales. Estos asesinatos se suman a la estadística que produce la ola de violencia de la llamada “guerra contra el crimen organizado” y se invisibilizan. Además hay que agregarle la situación de impunidad en la que se encuentran. Para analizar estos casos no basta saber quiénes asesinaron a cada uno de los activistas sino identificar a quiénes favorecen esas muertes.
Es importante saber en qué sentido se desarrolla la confrontación de clase, por eso si el gobierno de Calderón trata de llevar la resolución de los conflictos sociales al terreno militar para apartarlos del escenario político y social, pues el reto del movimiento social es trasladar nuevamente estos conflictos a la arena política para evitar caer en la confrontación desigual que consumaría la dominación pura y maciza.
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En el número 30, de marzo de 2010, publicamos el artículo titulado “No hay política migratoria sin desarrollo y justicia” de John Burstein W. A continuación presentamos la segunda entrega del texto.
La América del Norte imaginada y la nueva ruralidad
John Burstein W.
Pongámonos a soñar y preguntémonos: ¿cuál sería la agenda migratoria de una supuesta América del Norte consolidada y progresista? Con ello quiero decir poseedora de una traslatinidad madura y una cultura política que comparta el sentido de responsabilidad entre México y Estados Unidos (EU). Supongamos también que predomina tanto una economía formal como la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en lo político. Lo que es más, imaginemos que esta región trasnacional logró avanzar suficientemente para contar con un parlamento o por lo menos con un espacio de debate por el estilo. La agenda migratoria se entendería entonces como un instrumento para nivelar las desigualdades económicas, estableciendo un mercado laboral eficiente que permita el acceso de mayores sectores de la población a las oportunidades de crecimiento.
Para ello, podríamos adaptar el modelo europeo de “fondos estructurales”, que logró la armonización económica en esta región supranacional. En nuestro caso, la comunidad traslatina podría jugar un papel determinante, tanto por motivación y convicción propias (mercado solidario), como por ventaja comparativa. Esto surge de las particularidades del mercado trasnacionalizado debido a afinidades culturales, lingüísticas y demás. En las instituciones y praxis de esta América del Norte imaginada, las expresiones autonómicas habrán encontrado eco. La experiencia mexicana de las autonomías de los pueblos indígenas habrían aportado a este modelo socio-político descentralizado. El sector rural será una palanca potente en el desarrollo de toda América del Norte, mediante la transformación del modelo agrícola, siempre incorporado la planeación ambiental global. El nivel de vida será mejorado por la ampliación de los servicios sociales de salud y educación; asimismo, la economía diversificada de la “nueva ruralidad” será consecuente con el actual desarrollo de la tecnología informática, que contribuirá a la definición de la ciudadanía trasnacional.
Proponiendo justicia. Si tal fuera la visión consensuada para el futuro de América del Norte, primero tendríamos que revalorar a fondo la migración masiva de los 20 años recientes. Lo anterior se debe ligar a la generación de un estímulo a la inversión para el desarrollo.
Los discursos políticos de hoy prescinden de perspectivas que impiden darnos cuenta sobre los significados de la gran migración de esta época. Por ello es preciso un recuento puntual y contable del fenómeno en términos económicos, sociales y políticos, reconociendo las consecuencias profundas en cuanto al tejido social, el papel de las mujeres, los efectos en los pueblos indígenas, y la explotación económica, por citar algunos aspectos. De esta forma se podría garantizar que las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo regional estuvieran comprometidas con la justicia.
El mecanismo conocido como “comisión de la verdad” es aplicado cuando el sistema de justicia ordinario es inadecuado para administrarla, sea por el gran número de víctimas o por el hecho de que el gobierno no condenara los actos delictivos en el momento en que se originaron. En dicho caso, esta “comisión” visibilizará elementos diferentes que pueden comprender desde el abuso sistemático de los derechos laborales; el tráfico de personas y sus consecuencias (de manera destacada el abuso hacia las mujeres); el narcotráfico y el crimen organizado; y hasta la pérdida inconmensurable del tejido social en la familia, la comunidad y el país, cuyo impacto resulta particularmente grave en las y los jóvenes.
Con respecto a los cálculos de los efectos económicos, hay quienes argumentan que los migrantes se benefician de los programas sociales de EU, y otros, que subsidian a los mismos. Una comisión de la verdad ponderará ambas posturas y se pronunciará sobre este importante punto.
De manera semejante, podría hacer un balance entre el impulso de la migración a la economía estadounidense, la aportación de remesas a la estabilización del peso y la demanda adquisitiva de las economías locales mexicanas, y la justicia social de estas transacciones macroeconómicas.
Este proceso de “justicia transicional” depende del reconocimiento público como factor para que la población –tanto la víctima como el perpetrador– pueda cerrar un período histórico, caracterizado por la injusticia, sin dejar de exigir la reparación del daño debida, aunque fuera dada de manera colectiva y con el fin de reconstruir el tejido social.
En este caso, la reparación podrá tomar la forma de un fondo estructural de fomento a la superación de la pobreza y la marginación, en especial la de las zonas de mayor emigración. Dicho fondo deberá ser construido con las aportaciones de los Estados, que se hacen responsables de las injusticias estructurales de marras. Este fondo estructural de desarrollo regional abandonaría el paradigma de la “ayuda” de los países ricos a los pobres, al reconocer que los fondos generados por ambos países provienen de manera importante del trabajo de los migrante y sus familias. Con esta reparación, se les restituiría la riqueza que las diásporas y sus comunidades generaron. Esto contribuiría a la regionalización trasnacional en marcha y a la construcción de una ciudadanía trasnacional y traslatina, como sujetos individuales y colectivo.
En conclusión, creemos que una reforma migratoria realmente integral pasa por la reformulación de la visión política del desarrollo regional y sus instituciones, ligada a un proceso de justicia socio-política profundo en América del Norte y basada en un replanteamiento de las relaciones trasnacionales y la construcción de la identidad traslatina.
www.tsotsil.com; [email protected]
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