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Cien años de lucha por tierra y libertad
Plutarco Emilio García Jiménez Tu lucha, señor, no era el combate, la fugaz marea, el odio de la turba pasajera; era la tuya, pelea esencial de un territorio; sin tierra no hay destino, ni sueño, ni bandera. Hace cien años, en 1910, antes de que estallara la revolución maderista, el joven Emiliano Zapata encabezó a petición de sus coterráneos la primera toma de tierras en el campo El Guajar de Anenecuilco, las cuales habían sido despojadas a la comunidad por la hacienda de El Hospital. En el mismo año, Zapata y sus compañeros recuperaron tierras en los pueblos de Villa de Ayala y Moyotepec. Estas fueron las primeras acciones de una centenaria lucha agraria que aún no ha terminado en México. El pensamiento y la praxis agrarista del zapatismo quedaron plasmados en el Plan de Ayala, firmado y promulgado por el Ejército Libertador del Sur en Ayoxustla, el 28 de noviembre de 1911. Este histórico documento también marca la ruptura definitiva de Zapata con Francisco I. Madero, quien siendo ya presidente se negó a entregar la tierra a los campesinos violando el espíritu del Plan de San Luis. Si Madero no cumplió su compromiso con los hombres del campo, tampoco lo hicieron Carranza, Obregón y Calles. Fue el general Lázaro Cárdenas, quien entendió la importancia histórica de dar solución al problema de la tierra, por lo que, con una alianza con los campesinos en pie de lucha, impulsó una reforma agraria integral a partir de la cual el gobierno repartió a los campesinos más de 20 millones de hectáreas, cantidad varias veces mayor que las que repartieron todos los anteriores gobiernos posrevolucionarios. La contrarreforma, modernización y monopolización. En 1946, Miguel Alemán reformó la Constitución para implantar el amparo agrario a favor de los terratenientes y ampliar los límites de la pequeña propiedad. Esta acción de gobierno sentó la base jurídica para una nueva concentración de la tierra, que en los gobiernos subsecuentes daría lugar al surgimiento de nuevos latifundios y al crecimiento de los ya existentes. Durante 1940-1965, la agricultura mexicana contribuyó con excedentes y divisas al desarrollo industrial. Fueron tiempos en que el producto agropecuario creció a un promedio del cinco por ciento anual. Algunos investigadores llamaron a este período la etapa de la “modernización” de la agricultura, otros el “milagro mexicano”. Después de esos años siguió floreciendo la agricultura empresarial a costa de la agricultura campesina tradicional que iniciaría una crisis crónica. A fines de la década de los 50s y principios de los 60s, se produjeron importantes movilizaciones campesinas por la tierra. Las más notables fueron las impulsadas por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Sonora, Sinaloa y Durango. En Morelos, Rubén Jaramillo apoyó las luchas de los comuneros despojados por los fraccionadores y tomó tierras de los llanos de Michapa y El Guarín, de donde los campesinos fueron desalojados en dos ocasiones y Jaramillo fue asesinado con su familia el 23 de mayo de 1962. Las luchas agrarias seguirán activas en varias regiones, donde sonarán los nombres de líderes como Jacinto López, Ramón Danzós Palomino y Álvaro Ríos.
Mientras tanto, el nuevo modelo agropecuario hace florecer la ganadería extensiva, monopoliza la tierra y sustituye los cultivos de granos para consumo humano, como el maíz y el frijol, por la producción forrajera y productos de exportación. Un modelo basado en la especulación, en la dependencia de exterior, en la depredación de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, con la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria. Las últimas grandes batallas por la tierra. Al comenzar la década de los 70s el campo mexicano estaba en llamas. No era para menos, pues había tres millones de campesinos demandantes de tierras, agrupados en 60 mil comités particulares ejecutivos, los cuales enfrentaban fallos negativos de los tribunales, amparos a favor de los terratenientes, resoluciones sin ejecutar, expedientes agrarios rezagados por decenios, ejidatarios y comuneros sin carpeta básica y expuestos a los despojos; y los ejidatarios y comuneros que tenían asegurada su parcela, tenían que dividirla entre los hijos para subsistir en la precariedad. A toda esta situación había que agregar el despotismo y la corrupción de la burocracia agraria. Desde los inicios del gobierno de Luis Echeverría (1970-76), surgieron como hongos brotes de descontento campesino en la mayor parte del país. En el trienio de 1971-73, había tomas e invasiones de tierras en Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Nayarit. Los campesinos hacían campamentos, donde día y noche cuidaban las tierras ocupadas; realizaban caravanas hacia la capital del país, tomaban oficinas del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Tan sólo en 1973 se reportaron más de 600 tomas de tierras en todo el país. La efervescencia en el campo obligó a Echeverría a moderar su postura antiagraria, a cambiar su discurso, a declarar la “apertura democrática” y a anunciar mayores recursos para el campo. Al mismo tiempo, llamó a la unidad desde arriba a las organizaciones campesinas más importantes, para que por medio del Pacto de Ocampo legitimaran su política rural. Como una demostración de su “agrarismo”, expropió latifundios en Sinaloa y, ante la presión y las crecientes tomas de tierras en el sur de Sonora, un día antes de dejar la Presidencia, decretó la expropiación de enormes latifundios en los valles del Yaqui y Mayo, donde se creó la Coalición de Ejidos. El gobierno de José López Portillo, decidido a terminar con el Estado mediador de las contradicciones entre el campesinado y los terratenientes, anunció el fin del reparto agrario, pero esto alborotó aún más el panal, y las acciones cada vez más radicales de los campesinos sin tierra no se hicieron esperar. Tal como lo hizo su antecesor Echeverría, tuvo que matizar su discurso y sus pretensiones, y de ser –como sostiene Armando Bartra–, el primer presidente antiagrarista, optó por ser el último presidente agrarista. Sin embargo, López Portillo dio prioridad a la política productivista, lanzando la llamada Alianza para la Producción y la Ley de Fomento Agropecuario. A finales de los 70s el campo continuaba incendiado: los combates por la tierra seguían extendiéndose por todo el país, con formas de lucha y de organización cada vez más avanzadas, construyendo uniones y coordinaciones regionales, incorporando a las mujeres y a los jóvenes. La lucha de clases en el campo cobraba la dimensión de una guerra rural, donde los campesinos llevaban la peor parte. Cada mes eran asesinados en promedio 20 campesinos y encarcelados cientos de ellos. Tan grave era la situación que Mateo Emiliano, hijo menor del general Zapata, siendo priísta, exigió a López Portillo la libertad de los presos políticos en el centenario del nacimiento del Caudillo del Sur. En este contexto, del 12 al 14 de octubre de 1979, se reunieron en Milpa Alta más de 40 organizaciones campesinas regionales y nacionales, las cuales, después de tres días de deliberaciones, acordaron constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Este proyecto frentista, que se declara de inicio independiente del gobierno y los partidos políticos, representa la ruptura con el agrarismo hecho gobierno y con el corporativismo de las organizaciones oficialistas o paraestatales. Integraron la CNPA cientos de comités particulares ejecutivos y grupos que inicialmente daban seguimiento a más de 650 expedientes de solicitudes de tierras, restituciones, o regularización de tierras ejidales y comunales con sus carpetas básicas. Así tocaba a su fin el modelo agropecuario que se mantuvo vigente por más de 40 años y surgía el frente más representativo de lucha por la tierra. Ante la deslegitimación campesina, López Portillo intensificó la represión. Más de 800 campesinos miembros de la CNPA llenaban las prisiones en todo el país, quienes para ser liberados hicieron huelgas de hambre, al tiempo que los campesinos se movilizaban en varios estados. La CNPA no sólo enfrentó la represión policíaca y militar, también fueron asesinados muchos de sus militantes por pistoleros a sueldo, guardias blancas de los caciques y grupos paramilitares de Antorcha Campesina. Pese a lo anterior, la CNPA continuó su lucha, y a 30 años de su fundación no ha arriado la bandera agrarista. Clausura oficial de la reforma agraria, la resistencia sigue… Si López Portillo no pudo darle sustento legal a la clausura de la reforma agraria, debido a la resistencia del campesinado, esto lo conseguiría Carlos Salinas de Gortari con la reforma decretada al artículo 27 de la Constitución en 1992, ante un movimiento campesino debilitado y disperso. En estas condiciones el gobierno salinista pudo poner en práctica su estrategia neoliberal de privatización de la economía y liberalización comercial, gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, echado a andar en 1994. El llamado finiquito agrario y la entrega de certificados que acreditaban la propiedad individual de solares urbanos y parcelas ejidales abrieron la puerta a la privatización de la tierra de propiedad social. Para ello Salinas privilegió la interlocución con el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por él en 1989, a cambio de prebendas y corruptelas de varios de sus líderes. Esta práctica contrastó con las recuperaciones de tierras en Chiapas, que dirigió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha combativa que sostuvieron en 2003 organizaciones de El Campo no Aguanta Más. Actualmente, la lucha agraria se manifiesta aisladamente en territorios indígenas y comunidades donde miles de expedientes se cerraron tras la reforma al 27; ante la presión de algunas organizaciones rurales, el gobierno ha comprado tierras, más con un fin clientelar que como un reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra. Esta somera revisión histórica de la lucha agraria nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un debate en torno a la política agraria de gobiernos de derecha; la viabilidad de la reforma agraria; las formas de tenencia de la tierra en el futuro; la propiedad social no sólo de la tierra, sino de todos los recursos naturales, culturales e históricos; sobre el papel futuro del campesinado como portador de formas de producción y de vida, como promotor de la multifuncionalidad de la tierra y defensor de la soberanía alimentaria, como parte de una clase social que ha contribuido al cambio, como portador de valores y de la utopía zapatista. Todavía son millones los campesinos e indígenas que siguen aferrados a sus legítimos territorios, que siguen defendiendo sus tierras, sus organizaciones, sus semillas, sus maíces y su cultura. Por ello, a cien años del inicio de su lucha, Zapata sigue cabalgando, y no hay duda de que mientras haya concentración de la tierra en el campo y las ciudades, habrá lucha agraria.
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