Familiares de los 12 presos políticos del caso San Salvador Atenco realizaron ayer un plantón frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir su liberación inmediata.

Demandaron velocidad a los ministros para analizar los amparos promovidos, para que la justicia llegue a nuestros presos de manera pronta y expedita, a casi cuatro años de los hechos. Su libertad es cosa de sentido común.

Los manifestantes entregaron una carta redactada por los nueve encarcelados en el penal Molino de Flores en la que, con base en una tesis de 2002 de la propia Corte, recuerdan a los ministros que la presunción de inocencia está implícita en la Constitución, por lo que no deberían estar presos hasta que el delito que se les imputa –secuestro equiparado– se compruebe.

Carta a Calderón

Durante la protesta, Nelly Urrutia Castañeda, madre de Héctor Galindo Gochicoa, quien está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, denunció que su hijo corre peligro, pues es hostigado por otros internos, de quienes ha recibido amenazas y provocaciones.

Demandó la intervención de las autoridades federales para que su hijo sea trasladado al Centro de Observación y Clasificación, para salvaguardar su integridad.

Además Urrutia entregó una carta dirigida a Felipe Calderón, a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública federal, así como al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que señalan que Galindo Gochicoa, sentenciado a 67 años de prisión, está preso desde el 3 de mayo de 2006, debido al ensañamiento del gobierno en contra de quienes ha considerado líderes de un movimiento social opuesto a sus intereses.

Se afirma en el texto que este caso cobra relevancia nacional e internacional, en razón de la magnitud de las sentencias que tipifican conductas de protesta social con delitos como secuestro equiparado.