En la explotación sexual de internas de los reclusorios femeniles de Santa Martha y Tepepan participan personal de seguridad y de los juzgados, pues en estos últimos se hace el pedimento para que las mujeres sean trasladadas a centros penitenciarios varoniles, señalaron internas y custodios, quienes agregaron que se trata de una red de corrupción en la que podrían estar involucrados funcionarios de alto nivel.

Las reclusas, explicaron las fuentes, que pidieron el anonimato, son sacadas del reclusorio con el pretexto de que son requeridas por un juez, pero en realidad las llevan a las zonas de túneles de los juzgados, donde son ofrecidas a los reos.

Por lo general son internas que no reciben visitas, es decir, son consideradas desprotegidas, pues no hay nadie que se ocupe de ellas. Saben que están solas, las hostigan y a las amenazan para obligarlas a prostituirse, y saben que no se van a quejar por temor a las represalias, pues, además de que son coaccionadas; al final de cuentas es su palabra contra la de los custodios.

Según los informantes, por los servicios de estas mujeres se pagan desde 100 hasta cuatro mil pesos, según el servicio y el poder económico de los consumidores, aunque la mayor parte de ese dinero se lo quedan los vigilantes.

No todas son obligadas a prostituirse, precisaron, pues hay mujeres que por ganarse un dinero aceptan dedicarse a esta actividad; en estos casos, explicaron, se le dice a la reclusa adónde y con quién va a ir.

Por lo general, señalaron los informantes, las sacan en grupos de entre seis y 10, entran al reclusorio varonil por la aduana de vehículos hasta los túneles que llevan a los juzgados, donde ya se encuentran los clientes, que presuntamente son citados a audiencias.

Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que investiga tres presuntos casos de explotación sexual en los reclusorios, el titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Miguel Ángel Mancera, informó que desde hace un mes se abrió una averiguación previa relacionada con esos casos.

En entrevista, Mancera explicó que la indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Servidores Públicos, pues se presume la participación de más de un funcionario, aunque no mencionó de qué áreas; sin embargo, dijo, aún no se puede determinar si hay una probable trata de personas, pues hay varias líneas de investigación.

Al respecto, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF reconoció la existencia de las denuncias e informó que por uno de los casos se inició un procedimiento administrativo contra un custodio, el cual fue reubicado a un reclusorio varonil, además de que una de las presuntas víctimas se desistió de la acusación.

Según la dependencia, para evitar estas prácticas se adoptan acciones como tener un área específica de estancia para las internas que van a juzgados anexos en centros varoniles, sin acceso a reos; el traslado y vigilancia lo realiza solamente personal de seguridad femenino, además de una mayor supervisión e iluminación de los túneles.