l Ejército está presionando para que se le otorguen facultades legales que convaliden las conductas anómalas que a lo largo de más de tres años ha practicado con cargo a una presunta guerra contra el narcotráfico que hasta un compositor y cantante español admirado por Felipe Calderón encuentra ingenua, por usar términos suaves. Con el estigma de Tlatelolco paseando frente a los mandos castrenses que hoy obedecen órdenes del encargado formal del poder civil a sabiendas de que la historia les juzgará negativamente por la cauda de violaciones a los derechos humanos y de crímenes que se han cometido en este torbellino de salvajismo desatado a partir de diciembre de 2006, hoy se empuja al Poder Legislativo, en particular al Senado, para que apruebe modificaciones que establezcan un marco regulatorio que permita expresamente dar la vuelta a la Constitución General de la República y convertir a las fuerzas armadas en factores activos de control social, seguridad pública y contención delictiva, ya sin recurrir a los expedientes evidentemente forzados de la aplicación de las leyes sobre armas de fuego y explosivos para tratar de justificar el despliegue desbordado de hombres, armas, operaciones y combates.

El diseño del futuro mexicano pasa con tintas fuertes por la resolución que se dé respecto a esta pretensión de institucionalizar la guerra y de legalizar las actividades abiertas de una milicia que dice estar dispuesta a regresar a los cuarteles hasta dentro de unos cinco o diez años, aunque el término declarativamente más usado queda en el decenio completo. La transexenalidad del proyecto político más elaborado del calderonismo, la trágicamente famosa guerra contra el narcotráfico, quedaría en manos de armas legalizadas, con un estado de derecho cada vez más ostentosamente violentado y con una vitalidad electoral, partidista y democrática cada vez más asfixiada y prostituida. La transición democrática que no fue tal, sino una penosa y corrupta alternancia partidista, quedaría ahora en un simple armisticio para ir a urnas blindadas cuyo conteo sería marcial (y no precisamente con las legiones de Maciel). No es necesario tender la mirada muy lejos: basta ver lo que sucede hoy en Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, como ejemplos extremos, para darse cuenta de que el espejismo electoral habrá de rendirse ante la densa realidad.

El porvenir militarizado está presente en las actitudes, discursos y arrebatos de dos de los principales funcionarios públicos del país. Los encargados de Los Pinos y de Gobernación mantienen actitudes de defensa inflexible de sus planes de mantenimiento del Estado violento y no hay contrapeso a la vista. Ni movimiento social de resistencia real (López Obrador parece diluido, recorriendo el país con la vista puesta en el antes citado espejismo electoral, incapaz de convertirse en el líder social que las circunstancias reclaman) ni poderes Legislativo o Judicial que pudieran atemperar los apetitos guerreros.

Ayer mismo, Fernando Gómez Mont ofreció otro de sus sabidos conciertos de bravuconería y displicencia. Convocó a rueda de prensa para confrontar al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que ha sostenido una larga disputa política y electoral con el calderonismo, venciéndolo apabullantemente en las urnas, pero al que siempre Los Pinos ha querido cobrar venganza en los peligrosos terrenos del narcotráfico y del manejo tendencioso de fuerzas federales en terrenos delictivos locales. Pero el propósito central de la comparecencia ante medios del funcionario de Bucareli era la reiteración de la defensa del mundo ideal de leyes, instituciones y corresponsabilidades que, a pesar de la diaria y grave comprobación de su inexistencia, él y su jefe viajero insisten en blandir para justificar el desastre nacional. Entre otras cosas, Gómez Mont necesitaba tener foro para decir que no era cierta la información difundida luego de una reunión del gabinete de seguridad con legisladores federales sobre la resistencia de algunos generales a seguir combatiendo al narcotráfico en las condiciones actuales, sin los cambios legales que piden. Gómez Mont aprovechó para hacer una sesgada defensa del fuero militar, arguyendo que es tan severo el castigo a los militares infractores que por ello se mantiene en un nicho especial. En realidad, la discusión en curso sobre ese fuero especial no se centra en una graduación punitiva sino en la discrecionalidad de su uso y en el comprobado riesgo de que en la opacidad de lo verde olivo se practiquen excesos o perdones a contentillo de los oficiales.

Una prueba palmaria de los riesgos a que se enfrenta el país si se institucionaliza el patrullaje militar combatiente está en el recuento de muertes que se han producido desde que Felipe Calderón decidió cumplir con el libreto gringo impuesto del combate al narcotráfico: casi 23 mil mexicanos han muerto sin que haya procesos judiciales de esclarecimiento de las causas y los responsables, mezclado todo convenientemente en el perol del narco. Mientras no se sepa con precisión institucional la verdad de esas muertes, mientras no se restituya lo mínimo del andamiaje judicial que no puede condenar a nadie a una fosa procesal común, las pretensiones de dar más facultades al Ejército para sostener una guerra sabidamente fallida seguirán pareciendo simples maniobras de futuro para tratar de mantener por la fuerza un poder cada vez más impugnado y, por eso, más peligroso.

Astillas

Con la obtención de un amparo para no cortar líneas queda claro: Todo Renaut es territorio Telcel... De Renaut a Reinútil, con todo y la prórroga de facto que improvisó la Cofetel... Ahora, San Lázaro llamará a cuentas al presidente pirata de la Cofetel, Héctor Osuna, para que explique el desaguisado que ha hecho... Ya que la dirección puesta ayer aquí no funcionó, ahora el estudio sobre los patrones de movimiento humano en Boston, a partir del monitoreo de teléfonos celulares de cien mil personas durante medio año, está en www.bit.ly/9VObxs... ¡Hasta mañana!

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