Para eliminar oportunidades de corrupción y hacer más sencillos los trámites ciudadanos en la administración pública federal (APF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) eliminó 108 normas internas; quedan pendientes de desaparecer 44 disposiciones y de modificar 18 más.

Aunado a ello, se eliminarán dos trámites; se actualizará uno y 14 más se fusionarán con otros.

La eliminación de las normas y trámites forman parte del decálogo que propuso el presidente Felipe Calderón en septiembre pasado, para lograr una reforma regulatoria con base cero.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación de ayer lunes, algunas de las normas que se eliminan, son: El Rol y Acciones de los Órganos Internos de Control, mediante los cuales se orientaba el trabajo de las áreas de auditoría, control y evaluación, y apoyo al buen gobierno. El documento, emitido en octubre de 2008, estaba dirigido a los 249 órganos internos de control de las dependencias y entidades de la APF, incluidas la Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República.

También se elimina el oficio circular SSFP/413/5Bis/2009, en el cual se informa a los secretarios técnicos de los comités de profesionalización y selección en las dependencias y órganos desconcentrados de la APF, que se debía notificar a la Función Pública, en un plazo no mayor de 15 días, la autorización de nombramientos, según la Ley del Servicio Profesional de Carrera, de febrero de 2009.

De igual forma, queda sin efecto la guía Evaluación del informe trimestral del proyecto integral de mejora de la gestión gubernamental, de junio de 2009. En ella se orientaba a las 249 dependencias y entidades de la APF sobre la elaboración de reportes y evaluación de los resultados por trimestre, por citar algunas del total de reglas difundidas en el Diario Oficial de la Federación.

La abrogación de dichas normas es resultado de una revisión integral del marco jurídico de la SFP. Las normas abrogadas ya cumplieron su finalidad o bien, ante el transcurso del tiempo y el cambio de condiciones que llevaron a expedirlas, se han vuelto innecesarias, afirmó la dependencia.

La eliminación de las disposiciones se efectuó de manera conjunta por la SFP y la Secretaría de Economía. A partir de ahora, cada dependencia o entidad tendrá que elaborar su propuesta de regulación, indispensable para cumplir sus funciones.

Según la Función Pública, la reforma regulatoria Base Cero permitirá reducir los tiempos del gobierno para dar servicios o desahogar un trámite; mejorar la capacidad de atención a los ciudadanos; proveer servicios públicos con oportunidad y calidad, y compartir información entre instituciones federales, para eliminar requisitos superfluos, en la interacción ciudadano-gobierno, se indica en un comunicado.