La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del columnista del diario La Voz de Michoacán Enrique Villicaña Palomares, y reiteró su petición a las autoridades para que lleven a cabo medidas para localizar a los reporteros Ramón Ángeles Zalpa y María Esther Aguilar, quienes laboraban en el diario Cambio de Michoacán.

En un comunicado asentó que aun en los casos en los que el agravio contra periodistas no provenga de un acto abusivo de autoridad ni haya sido cometido desde el poder público, las autoridades están obligadas a investigar y esclarecer los hechos.

Sostuvo que en el caso de Villicaña Palomares estará atenta a la actuación de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, entrevistará a directivos del periódico y a familiares del occiso, y se allegará escritos periodísticos para determinar si están relacionados con los hechos.

Ramón Ángeles Zalpa desapareció el 6 de abril, cuando se dirigía a las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica en el municipio de Paracho. Días antes había informado del ataque de un grupo armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuén y San Juan Nuevo Parangaricutiro. María Esther Aguilar Casimbe desapareció el 11 de noviembre.

Allanan instalaciones de revista

Ayer el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo Cruz, informó que el personal, al llegar a las oficinas de la publicación, localizadas en el cuarto piso de un edificio de la calle de Balderas, en la ciudad de México, encontró las cerraduras violadas, varias puertas y cajones de los escritorios rotos; desapareció información contable y administrativa, así como celulares y equipo de cómputo.

Badillo Cruz consideró que no se trató de un robo del fuero común, sino de un ataque dirigido en contra de la publicación, porque la oficina está en un edificio de varios pisos y la única que fue violentada fue la de la revista.

De acuerdo con la indagatoria FCH/CUH-6/T1/00542/10-04, al llegar ayer temprano a las oficinas de avenida Balderas, en el centro de la ciudad, se encontró que las puertas y chapas habían sido forzadas, y los documentos estaban en desorden, cajones rotos, archivos tirados y equipo y material sustraído.

En la denuncia, José Nicolás Reyes Hernández, socio de la empresa periodística, consideró que estos hechos, que se suman a otras acciones de acoso y actos violentos, pudieran estar relacionados con varias demandas que enfrenta la revista a causa de la denuncia que de manera sistemática ha hecho de actos de corrupción en Petróleos Mexicanos a través de asignación de contratos a la empresa Grupo Zeta, dedicada a la distribución de gas.

También, dijo, se inscribe en el contexto de un ataque a la libertad de expresión y de prensa, y por tanto es violatorio de las garantías individuales y del ejercicio periodístico.

Recordó las denuncias por amenazas de muerte presentadas por Miguel Badillo.