Tel Aviv, 12 de abril. El Estado israelí emitió una orden militar para expulsar de Cisjordania, a partir de este martes, a palestinos que no posean permisos de residencia, hasta ahora inexistentes en esta región de dos y medio millones de habitantes.

El decreto afecta principalmente a los palestinos poseedores de documentos de identidad con una dirección en la franja de Gaza, a los nacidos en ese territorio y a sus descendientes. También podrá aplicarse a las esposas extranjeras de palestinos e inclusive a los individuos nacidos en Cisjordania que por alguna razón hayan perdido su estatuto de residentes en este lugar, cercado por tropas israelíes.

Las personas que sean sorprendidas en esas condiciones serán sometidas a tribunales militares bajo los cargos de infiltración y procedencia ilegal; podrán ser declaradas delincuentes y posteriormente ser expulsadas de Cisjordania a Gaza, un territorio estrictamente vigilado y controlado por las fuerzas armadas israelíes –por tierra, mar y aire–, especialmente desde que el movimiento de resistencia islámico ganó las elecciones parlamentarias y asumió el gobierno en 2006.

La orden fue firmada el 13 de octubre de 2009 por el general Gadi Shamni, comandante de las fuerzas israelíes en Cisjordania, pero fue dada a conocer por el diario Haaretz apenas horas antes de su entrada en vigor.

Esta norma de prevención de la infiltración modifica un decreto que data de 1969, amplía el concepto de infiltrado, fija la posibilidad de expulsión en un plazo máximo de 72 horas e introduce la imposición de penas de cárcel hasta de siete años a quienes los jueces militares consideren culpables de ese delito.

Hasta ahora estos asuntos eran administrados y juzgados por tribunales civiles y se consideraba un infiltrado a quien se adentraba en territorio cisjordano sin autorización del gobierno israelí, después de haber visitado países vecinos como Siria, Egipto, Líbano y Jordania.

Un vocero del ejército de Tel Aviv, que pidió el anonimato, confirmó la existencia del decreto del Estado de Israel, que hoy conmemoró con dos minutos de silencio el Día del Holocausto, que evoca la muerte de unos seis millones de judíos durante el régimen militar de Alemania, en la década de 1930 y 1940, cuando fueron encerrados en campos de concentración y privados de todo derecho.

El oficial negó la posibilidad de que los militares tengan la intención de llevar a cabo expulsiones masivas y aseguró que la medida afectará a poca gente.

Según su versión, el decreto permitirá defender mejor a quienes sean objeto de una orden de repatriación, ya que prevé la creación de una comisión judicial ante la cual estas personas podrán apelar.

El gobierno palestino denunció este lunes que el decreto israelí podrá dañar a miles de personas en Cisjordania y en Jerusalén este.

La medida amenaza con dejar amplias zonas sin habitantes palestinos, denunció el primer ministro Salam Fayad en un comunicado publicado en Ramallah, sede de la Autoridad Nacional Palestina.

Entre la población palestina en Cisjordania hay preocupación por la vaguedad de la orden militar, particularmente en lo relativo al permiso de residencia.

Los palestinos no disponen de información precisa acerca de si el nuevo documento deberá ser expedido por las fuerzas armadas o si será suficiente con la credencial de identidad actual, que pruebe la residencia en Cisjordania, donde decenas de comunidades palestinas han quedado detrás de una muralla que tiene más de cuatro metros de altura y se extiende sobre varios kilómetros, custodiada por soldados de Tel Aviv.

Esa orden tiene el efecto de convertir a los palestinos en criminales en sus propios hogares, mientras socaban los esfuerzos para dirigir nuestros propios asuntos. Además abre la puerta para que Israel ataque a cónyuges y trabajadores extranjeros e incluso a ciudadanos israelíes como infiltrados, así como cualquiera que participe en manifestaciones en apoyo a los derechos de los palestinos y contra la ocupación israelí, dijo el responsable palestino del diálogo con Israel, Saeb Erekat.

Con la ocupación israelí de Palestina, en 1948, decenas de miles de sus habitantes fueron expulsados a la franja de Gaza y a campos de refugiados en países vecinos como Líbano. La guerra de los Seis Días empeoró su situación y provocó más migraciones forzosas.

Desde entonces los palestinos vieron paulatinamente limitados sus derechos de tránsito desde Cisjordania hacia la franja de Gaza y viceversa, así como entre localidades cisjordanas, como Nablus o Ramallah, y las poblaciones israelíes, donde trabajan algunos residentes en Cisjordania.

En los días de celebración religiosa judía o árabe, el ejército israelí suele cerrar los accesos de Cisjordania a localidades israelíes e incluso a Jerusalén, que alberga sitios religiosos de los musulmanes.

La franja de Gaza, desde y hacia la cual sólo se puede transitar con permisos militares, estuvo ocupada por las fuerzas armadas de Tel Aviv y por colonias israelíes hasta 2005, pero después ha sido ocupada y bombardeada en varias ocasiones; la más grave ocurrió en diciembre de 2008, con un saldo de cientos de palestinos muertos, la mayoría civiles. Paralelamente, Israel ha extendido sus colonias en Cisjordania, ignorando reclamos internacionales.

La nueva orden, señaló Erekat, autoriza al ejército israelí a actuar arbitrariamente y vaciar Cisjordania de casi todos sus habitantes. Es, remató, “propia de un estado de apartheid (segregación)”.