ue una especie de referendo extraoficial que hizo visible el alto grado de desconfianza (no partidista ni necesariamente ideologizado, mucho menos organizado) que muchos ciudadanos tienen respecto de los actos de gobierno. Aun si se dieran por buenas las cuestionables cifras oficiales del Renaut, debería ser cívicamente muy preocupante para el aparato institucional que (cuando menos) un 30 por ciento de quienes debían cumplir un requisito sencillo, y normalmente aceptable, se hubieran rehusado, lo hubieran desdeñado o hubieran estado en condiciones de precariedad tecnológica inhabilitante. En el fondo, lo que queda muy claro es que un segmento numeroso de mexicanos desconfía en absoluto de sus autoridades, de los procedimientos que establecen y de la finalidad real que puedan tener los insistentes afanes por imponer trámites de control y hacerse de listas de datos ciudadanos.

Fue en varios campos que lo institucional perdió la batalla. Desde luego, en la credibilidad, pues demostrado fue lo que una semana atrás aquí se reveló: que el contador de registro de usuarios que mostraba la página de Cofetel era una soberana tomadura de pelo en función de que pretendía dar fe del flujo de anotaciones al Renaut pero no lo hacía a partir de una conexión con una base de datos, sino de una programación simple que segundo tras segundo agregaba un presunto nuevo registro. Ante las varias formas técnicas de comprobación de esa mentira que aquí se difundieron, los funcionarios del Renaut aceptaron que no había base de datos, que la estimación era meramente demostrativa y que, en todo caso, ese conteo trataba de ilustrar los datos que sin base tecnológica firme les suministraba la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo confiar en el Renaut si mentía en ese rubro elemental? ¿Cómo creer los reportes de avances en el conteo que diariamente daban diversos medios de comunicación apegados a los boletines de prensa como si fueran verdad, aun cuando ya había quedado oficialmente esclarecido que no tenían ningún sustento válido? ¿Son verdaderos los datos finales, o con ese mismo ánimo propagandístico ilustrativo fueron inflados para aparentar avances? ¿Cuántas fueron realmente las personas que registraron su celular? ¿Fue menos de la mitad del padrón de usuarios?

Tan fuerte fue el rechazo ciudadano al Renaut, que se recurrió a la leva desde gerencias empresariales y concesionarios que anotaron sin consulta a ciudadanos remisos. Varios casos se conocieron, sobre todo a partir de las redes sociales, de usuarios que sin haber hecho trámites por sí mismos recibieron el mensaje de que habían quedado inexplicablemente inscritos. La cereza del pastel de las improvisaciones y la incoherencia se produjo a la hora de cumplirse el ultimátum tan anunciado, pues en una forma de autorización oficiosa se estableció una prórroga difusa para que, siempre amenazados con el corte de servicio (ahora mediante avisos en el propio teléfono, advirtiendo la obligación incumplida antes de dar paso a esas llamadas condicionadas), los no anotados y las empresas en riesgo de grandes pérdidas aprovecharan la última franja de tolerancia, antes de que, según eso, caiga la guillotina tecnológica sobre decenas de millones de aparatos de telefonía móvil.

La intimidación colectiva a partir de propósitos que en principio son generosos o positivos hace recordar la acometida de aislamiento, confusión, miedo y engaño que el calderonismo practicó mediante la exageración de los riesgos de lo que acabó denominándose A/H1N1. Un año atrás pudo haber parecido viable el proceso de toma de datos de usuarios de celulares, para inhibir su manejo como instrumento de trabajo de secuestradores y extorsionadores, cuando el desbordamiento de la fuerza del narcotráfico no había llegado a los niveles actuales, en que comandos toman calles, carreteras y pueblos enteros y en que la incapacidad del gobierno federal ha abierto las puertas al intervencionismo gringo descarado. Pero hoy, ante un escenario peor, con evidencias crecientes de la poderosa infiltración de esa delincuencia organizada en los diversos niveles de los gobiernos desorganizados, elaborar una base de datos de usuarios de teléfonos móviles es una forma de facilitar el trabajo de los delincuentes explícitos y una tentación de obtener ganancias importantes mediante la venta subrepticia de esos padrones a empresas comerciales (de por sí, actualmente hay un acoso telefónico constante e impune) e incluso de añadir ingredientes hildebrándicos a los guisos de fraude electoral que desde ahora prepara una administración belicosa que cree necesario prolongar su estancia en el poder por vías naturales o forzadas, por medio de una continuidad física del héroe necesario o de alternativas como la que sigue tratando de construir Genaro García Luna, recién investido como todopoderoso de esa guerra que no es carente de sentido sino todo lo contrario: tiene un gran sentido de continuismo transexenal.

Movida nuevamente por el miedo (celular, en este caso), colocada otra vez frente a la evidencia de que no hay racionalidad en la putrefacta clase dirigente del país, la sociedad mexicana vive en el carrusel de las manipulaciones, apenas remontados los primeros capítulos de la telenovela de alta sociedad que mantiene a muchos preguntándose si será posible que el cuerpo de una menor haya podido pasar desapercibido a tantos policías, peritos y familiares como para pedir la intervención imperial de los expertos del FBI, con marchas de protesta breves y aligeradas como la que ayer realizó una parte de la comunidad del Tec, con leves explosiones oportunas en el consulado gringo de Nuevo Laredo (el mayor daño fue la rotura de algunos cristales), con Betty Paredes diciendo en Oaxaca que la alianza gabinista le hace los mandados a la aplanadora de manos ensangrentadas de Ulises, y con ciudadanos polacos llorando la muerte de su presidente. ¡Hasta mañana, oyendo a Vázquez Mota irse legionariamente duro (delincuente y promotor de la muerte) a Maciel pasado!

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