n un texto publicado en el órgano de difusión del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, la coordinadora de los legisladores blanquiazules en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, señaló que el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, debe ser visto como un delincuente, y afirmó que el sacerdote fue en gran medida un promotor de la muerte y la destrucción de la verdad, la confianza y la honestidad. Adicionalmente, la legisladora cuestionó el accionar remiso de las autoridades mexicanas de procuración de justicia al investigar las acusaciones de pederastia en contra del religioso michoacano (¿qué harán con los cómplices de Maciel?, ¿qué harán con aquellos que lo protegieron y sacaron rentabilidad de sus redes económicas y políticas?, son dos de las preguntas que se plantean en el escrito), e indicó que el caso de Maciel no es aislado, y mucho menos puede considerarse un episodio cerrado.

Los severos señalamientos de la legisladora panista en contra del hoy difunto Maciel cobran relevancia por cuanto marcan un punto de contraste con la postura arrogante y los baños de pureza con que ha respondido la jerarquía católica en nuestro país ante las denuncias sobre el presunto encubrimiento de las autoridades religiosas a los crímenes cometidos por el fundador de los legionarios y a otros casos de pederastia. Ayer mismo, en un editorial publicado en el semanario Desde la fe, la arquidiócesis de México despotricó contra quienes han criticado a la Iglesia católica por estos episodios, negó que esa institución esté en crisis y sostuvo que quienes vaticinan el inminente fin de la misma morirán, y sus furiosas críticas y malévolos deseos quedarán en el olvido. Las descalificaciones no sólo muestran una ausencia lamentable de humildad y autocrítica de la jerarquía eclesiástica, sino restan credibilidad a los señalamientos formulados el pasado primero de abril por Norberto Rivera, arzobispo primado de México, quien advirtió que no tolerará o defenderá a los curas abusadores. A la distancia, dicho pronunciamiento, más que emanado de un compromiso con la justicia y de una voluntad de esclarecimiento, parece un acto de disciplina ante la política de control de daños emprendida desde el Vaticano por el escándalo que ha suscitado la salida a la luz pública de cientos de casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes a escala planetaria.

Hoy, cuando las declaraciones comentadas provienen de una figura central del PAN –partido del que no cabe sospechar la más mínima animadversión hacia la Iglesia católica–, las autoridades religiosas se hacen un flaco favor al seguir atribuyendo el deterioro de su credibilidad a los enemigos de la Iglesia: en cambio, a la luz de los elementos de juicio disponibles, pareciera que la principal amenaza para esa institución proviene de sus propias filas.

En la presente circunstancia, a la Iglesia católica le resultará mucho más difícil remontar el deterioro de su imagen y credibilidad a escala nacional e internacional en la medida en que no asuma, ante todo, un espíritu autocrítico y un compromiso efectivo por investigar, sancionar y entregar a las autoridades seculares a aquellos de sus integrantes que han aprovechado su autoridad moral para cometer abusos sexuales –contra niños, niñas, monjas, feligreses y seminaristas– y afectar a la sociedad en sus entornos más fundamentales. Por su parte, si las instituciones mexicanas de justicia pretenden recuperar algo de confianza de la ciudadanía, deben esclarecer las agresiones sufridas a manos de curas abusadores y, en el caso concreto de Maciel, a los responsables vivos de la cadena de encubrimientos en las esferas política y religiosa que le permitieron al cura llevar una doble vida, y que provocaron que el fundador de la Legión de Cristo se fuera a la tumba con el imborrable estigma de pederasta impune.