El caso de Ángel Alvarado Agüero, ex directivo de The Coca-Cola Company, quien acusa de fraude a la compañía por utilizar el esquema de outsourcing para evadir el reparto de utilidades y otras prestaciones a los trabajadores, mostró un lado oculto del mercado laboral mexicano y sentó un precedente para analizar el marco regulatorio de dichos esquemas de contratación.

Alvarado acudió este jueves a las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para ratificar y ampliar su declaración en un juicio que comenzó en diciembre de 2008 contra la trasnacional por fraude genérico o simulación.

Ahí explicó que, luego de haber sido despedido por Coca-Cola en mayo de 2007, la empresa le negó el pago de las prestaciones de ley a las que tenía derecho después de 16 años de servicio, bajo el argumento de que había sido contratado por una tercera empresa y por tanto entre él y Coca-Cola jamás había existido relación laboral.

Sin embargo, la empresa que sí lo había contratado, denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia SA de CV, fue creada por la trasnacional en abril de 1987 –según consta en la escritura pública 21 mil 172 del Registro Público de la Propiedad– con la única finalidad de servir como empresa pagadora de The Coca-Cola Company.

En respuesta a las acusaciones de su ex director de desarrollo de mercado, Coca-Cola señaló que éste ha presentado diversas e infundadas acciones legales en contra de la compañía, que ninguna de ellas tiene sustento jurídico y no existe incumplimiento.

Coca-Cola en todo el mundo se conduce siempre en estricta observancia de la ley, cumpliendo cabalmente con todas sus obligaciones, tanto con sus asociados como con las autoridades, señaló la compañía en un correo electrónico enviado a este medio.

De acuerdo con la abogada de Alvarado, Leticia Rodríguez, en la audiencia del jueves pasado el Ministerio Público finalmente admitió, luego de 15 meses, las pruebas presentadas por el ex directivo de Coca-Cola, entre ellas recibos de pago de la misma empresa que niega haber tenido una relación laboral con él: The Coca-Cola Company (copia de los cuales tiene La Jornada).

El caso llegó a la Cámara de Diputados en octubre pasado, por conducto del diputado perredista Emilio Serrano, quien en tribuna propuso un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría del Trabajo a intervenir contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal que impone The Coca-Cola Company a través de sus filiales en México.

El legislador señaló que el outsourcing permite a grandes corporativos trasladar sus trabajadores a empresas que no generan plusvalía y producción, y al no reportar ganancias automáticamente evaden lo dispuesto en el artículo 123 constitucional relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades.

Héctor Márquez Pitol, director comercial de Manpower para México, Centroamérica y República Dominicana sostiene que es muy común en el país la creación de firmas satélites por los mismos consorcios.

Dijo que dicha práctica –particularmente extendida en el norte de México– permite a las compañías ahorrar importantes sumas de dinero al pagar menos prestaciones a sus trabajadores subcontratados que las que reciben quienes laboran con base.

Manpower es una de las 18 grandes compañías afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), que aglutina a compañías dedicadas al negocio de triangular la contratación de personas para que laboren en otras empresas.

De acuerdo con datos del organismo, estas 18 compañías mantienen un promedio de 105 mil trabajadores contratados a través del outsourcing.

Márquez sostiene que existe por lo menos un número similar de trabajadores que son contratados por empresas de tercerización que no están reguladas, por lo que no hay cifras confiables sobre al número de trabajadores subcontratados.

Por ejemplo, según la consultora KPMG en el país existen 4 millones de personas que laboran bajo el esquema del outsourcing.

El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani señaló que no todas las compañías de outsourcing funcionan con objeto de evadir prestaciones laborales. Sin embargo, dijo, la tendencia en México va más enfocada a ese objetivo. Agregó que el gobierno federal busca dar carta de naturalización a muchas violaciones laborales por medio de la reforma laboral que presentó el PAN en el Congreso.