Todas las modificaciones legales que apruebe el Congreso relacionadas con el combate al crimen organizado deberán sujetarse a los ordenamientos que señala la reforma constitucional en materia de derechos humanos, advirtieron los senadores Pedro Joaquín Coldwell, del PRI; Felipe González, del PAN, y Ricardo Monreal, del PT.

Destacaron que ese criterio ha imperado en la elaboración de los dictámenes acerca de las leyes de Seguridad Nacional, Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Antisecuestro, así como al Código de Justicia Militar.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, destacó que en el caso de la Ley de Seguridad Nacional que se discute entre las fuerzas políticas, los legisladores deberán tomar en cuenta que la reforma en materia de derechos humanos llevó a la Carta Magna un nuevo ordenamiento sobre la suspensión de garantías individuales.

De hecho, dijo, se modernizó el artículo 29 constitucional, ya que sus disposiciones eran decimonónicas, provenientes del siglo XIX, específicamente del Constituyente de 1917.

De la reforma constitucional que se acaba de aprobar surgió un nuevo artículo 29, actualizado con base en el derecho internacional, en el que se ponen controles al Ejecutivo en relación con la declaración de estados de excepción, para que no se vulneren garantías fundamentales.

Detalló que a escala de ley suprema quedó un listado de derechos que nunca podrán suspenderse, ni siquiera durante estados de excepción declarados por el Presidente de la República, con la anuencia del Congreso, y en caso de perturbación grave de la paz pública por invasión extranjera o por una amenaza real inminente y grave a la sociedad.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, dijo que es fundamental ese cambio en el artículo 29 constitucional, a fin de cerrar el paso al intento de Felipe Calderón de continuar con la militarización del país y la casi supresión de los derechos humanos.

Pese a que la reforma sobre derechos humanos debe aún pasar por la Cámara de Diputados y los congresos estatales, por congruencia los legisladores no pueden aprobar leyes secundarias que pasen por encima de las modificaciones a la Carta Magna, agregó.

Sobre todo, dijo, porque la reforma en materia de derechos humanos es una de las más importantes en la historia del país y cobra mayor relevancia “cuando México está envuelto en una guerra contra el narcotráfico, donde hay daños colaterales muy graves, pues se violentan las garantías fundamentales de personas inocentes, ya sea en fuego cruzado o por errores son abatidas por militares.

Por separado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador del PAN Felipe González, reveló que se ha hecho un esfuerzo adicional a fin de armonizar la nueva Ley Antisecuestro con la reforma sobre derechos humanos.

Explicó que en las comisiones dictaminadoras se están cruzando todos los artículos para que ambas vayan en la misma dirección, a fin de que no por atacar el delito de secuestro, se vulneren los derechos constitucionales de toda la población. recalcó.